LA VIOLENCIA CAMBIÓ DE CALIBRE

22 Septiembre 2026   Affe Gutierrez   128

Feminicidios, sicariato, pandillas, atracos y armas ilegales revelan que la República Dominicana necesita pasar de reaccionar ante el delito a anticiparlo mediante inteligencia, seguimiento y verdadera reinserción social

Por Affe Gutiérrez

Santo Domingo. - Hay momentos en que las estadísticas pueden decir una verdad y, al mismo tiempo, no contar toda la historia. República Dominicana exhibe actualmente una reducción importante en su tasa acumulada de homicidios. Al 4 de septiembre de 2026 se situaba en 7.39 por cada 100,000 habitantes, por debajo de los registros correspondientes a 2022, 2023, 2024 y 2025. Es un resultado que debe reconocerse. Pero la seguridad de una nación no puede evaluarse exclusivamente contando cadáveres al final del mes. También debe preguntarse cómo se está matando, quién está matando, con qué armas, cuántas veces esas personas habían entrado previamente al radar del Estado y qué estructuras están emergiendo detrás de determinados hechos violentos.

Porque mientras baja un indicador nacional, en las calles estamos observando fenómenos que merecen atención estratégica. Feminicidios que continúan destruyendo familias; asaltos cometidos por grupos armados; homicidios por encargo; pandillas y bandas con capacidad operativa; delincuentes desplazándose entre municipios; armas ilegales cada vez más sofisticadas; cargadores de alta capacidad; fusiles; y pistolas Glock apareciendo repetidamente en ocupaciones policiales relacionadas con hechos graves.

No estamos necesariamente frente a una explosión generalizada de violencia. Estamos frente a algo quizás más complejo: una violencia que comienza a especializarse.

CUANDO BAJA EL HOMICIDIO, PERO CAMBIA LA AMENAZA

El pasado 12 de septiembre, Boca Chica volvió a colocar el problema frente a nuestros ojos. Un ataque armado dejó muertos a Jonathan Villanueva, conocido como “Cotuí”, y al exponente urbano Jesús Alexis Delgado Ortiz, “Diddy Glow”, además de cinco personas heridas. Días después, la Policía informó que dos hombres buscados por su presunta vinculación con aquel hecho murieron durante un enfrentamiento con agentes del DICRIM en Santo Domingo Norte. Uno de ellos tenía varias órdenes judiciales relacionadas con investigaciones anteriores por robos y otros delitos. En la escena fueron ocupadas dos pistolas Glock, una calibre .40 y otra 9 milímetros, y un fusil calibre 5.56.

Medios de comunicación han relacionado a esos individuos con una estructura denominada “Los 1600”. Hasta ahora, sin embargo, el comunicado oficial de la Policía sobre el caso no ha establecido públicamente la estructura, jerarquía o composición de esa supuesta banda, por lo que sería irresponsable convertir una hipótesis investigativa en una sentencia periodística. Lo importante es otra cosa: nuevamente encontramos personas perseguidas por múltiples hechos, armas de elevado poder y una posible estructura criminal detrás de un episodio de violencia colectiva. No es un hecho aislado.

Durante 2026, la Policía ha informado sobre estructuras como Los Fantasmas, a la cual vincula con sicariato, secuestros, asaltos y otros delitos. La llamada Operación Bloques del Este ocupó un fusil AR-15, pistolas, cientos de municiones, cargadores de alta capacidad, chalecos antibalas y vehículos presuntamente utilizados en acciones criminales. DICRIM posteriormente informó haber desarticulado gran parte de esa organización.

Esto obliga a cambiar la mirada. Ya no basta pensar en el delincuente tradicional con un revólver oxidado esperando en una esquina. Determinadas células criminales tienen vehículos, armas modernas, comunicaciones, movilidad territorial y capacidad de fuego que hace algunos años asociábamos principalmente al crimen organizado.

LA GLOCK COMO SÍNTOMA, NO COMO CAUSA

Hay un detalle que se repite en demasiados expedientes: Glock. Glock 19, Glock 26, Glock 23, Glock 43X. En enero, marzo, mayo, julio, agosto y septiembre encontramos comunicaciones oficiales sobre pistolas de esa marca ocupadas ilegalmente. En agosto, por ejemplo, DICRIM informó que una presunta banda vinculada con múltiples asaltos en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste tenía una Glock 19 de quinta generación con cargador de alta capacidad. En enero, en Salcedo, fue ocupada otra Glock 19 ilegal junto con un cargador con capacidad para 30 municiones.

Y no se trata únicamente de la marca. Aparecen cargadores extendidos, cargadores tipo tambor, piezas para armamento y mecanismos capaces de incrementar dramáticamente la capacidad ofensiva de una pistola. Por eso debemos hacer una precisión. El problema no es Glock. Glock fabrica un arma legal utilizada alrededor del mundo por civiles autorizados y cuerpos de seguridad. El problema es cómo una pistola legalmente fabricada termina convertida en herramienta de una economía criminal, portada sin documentación, acompañada de cargadores de gran capacidad o accesorios prohibidos y utilizada en asaltos, homicidios o disputas entre estructuras delictivas.

Una Glock común cuesta hoy más de un millón de pesos en una armería dominicana. Los precios varían considerablemente según modelo, impuestos y condiciones del mercado. El argumento más grave no necesita exageraciones: armas cuyo acceso legal está sometido a controles, licencias, depuración y costos importantes aparecen con alarmante frecuencia en manos de individuos que jamás debieron tenerlas. Entonces debemos formular la pregunta que importa: ¿de dónde están saliendo?

EL CONTRABANDO DE ARMAS ES YA UN PROBLEMA DE SEGURIDAD NACIONAL

Tenemos parte de la respuesta. En febrero de 2025, la Dirección General de Aduanas detectó en Haina 37 armas introducidas clandestinamente en un contenedor proveniente de Brooklyn. Entre ellas había 30 fusiles y seis pistolas Glock Gen 5, además de 37 cargadores para fusiles. Las armas estaban ocultas dentro de tanques para compresores.

En mayo de 2026, la Policía y el Ministerio Público ejecutaron la Operación Clave contra una estructura transnacional dedicada a introducir y comercializar ilegalmente armas. Catorce personas fueron detenidas y se ocuparon veinte armas, incluidos fusiles y pistolas, cientos de municiones, cargadores y otros accesorios. La investigación determinó preliminarmente que la organización introducía las armas clandestinamente al territorio nacional para posteriormente distribuirlas.

Y durante 2025 las autoridades reportaron haber retirado de circulación más de 6,500 armas ilegales. Seis mil quinientas armas no son seis mil quinientas anécdotas. Son un indicador. Cada arma ilegal representa una cadena anterior: alguien la adquirió, alguien la transportó, alguien burló un control, alguien la recibió, alguien la revendió y alguien finalmente la puso en manos de quien podía utilizarla para matar.

Por eso perseguir únicamente al hombre que aparece con la pistola en la cintura es combatir el último eslabón de la cadena. La verdadera política de seguridad debe llegar hasta quien financia, introduce, almacena, modifica y distribuye esas armas.

Toda arma ilegal incautada debería generar una investigación hacia atrás: origen, comprador inicial, país de procedencia, ruta, intermediarios, posibles coincidencias balísticas y vínculos con otros expedientes. Un arma recuperada no debería ser solamente una evidencia; debería convertirse en una puerta de entrada hacia una red.

FEMINICIDIOS: LA OTRA EMERGENCIA DE SEGURIDAD

Mientras discutimos bandas y armas, otro frente continúa cobrando vidas dentro de los propios hogares. Al 3 de septiembre de 2026, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso informó que 62 mujeres habían sido asesinadas por parejas o exparejas durante el año, superando ya los 59 casos reportados durante todo 2025. También reveló que alrededor del 89 % de esas víctimas nunca había denunciado previamente el maltrato y que durante 2025 fueron recibidas unas 73,000 denuncias de violencia de género, intrafamiliar y sexual.

Aquí la estrategia debe ser diferente, pero el principio es exactamente el mismo: anticipar antes de contar el muerto. Una denuncia por amenaza de muerte, estrangulamiento, persecución, posesión ilegal de armas, violación reiterada de órdenes de protección o escalamiento progresivo de violencia no puede procesarse como un expediente administrativo más.

Necesitamos evaluación profesional del riesgo, coordinación inmediata entre Ministerio Público, Policía, Ministerio de la Mujer y 9-1-1 y, donde jurídicamente corresponda, vigilancia electrónica, retiro de armas y seguimiento efectivo de las medidas judiciales impuestas.

El feminicida no comienza siendo feminicida el día que mata. Muchas veces hubo señales. El desafío institucional es aprender a encontrarlas antes.

EL PROBLEMA DEL INFRACTOR PERSISTENTE

Aquí llegamos a uno de los puntos más delicados. En numerosos hechos recientes aparecen personas que ya eran conocidas por las autoridades, tenían órdenes pendientes, procesos anteriores o habían sido detenidas anteriormente. Incluso el director de la DNCD declaró este mes que existen personas que han sido arrestadas cinco, seis, siete u ocho veces por hechos relacionados con drogas y vuelven nuevamente al mismo circuito.

Pero como abogado debo hacer una precisión: antecedente, arresto, orden judicial y reincidencia no significan jurídicamente lo mismo. El artículo 51 del nuevo Código Penal considera reincidente, en términos jurídicos, a quien ya haya sido condenado mediante sentencia irrevocable y posteriormente incurra en determinadas nuevas infracciones. Por tanto, no podemos llamar reincidente a toda persona que aparezca varias veces en registros policiales.

Pero desde el punto de vista de inteligencia criminal sí existe una categoría que el Estado debe observar: el infractor persistente de alto riesgo. No para perseguirlo eternamente después de que haya pagado su deuda con la sociedad ni para construir un Estado policial, sino para que durante investigaciones abiertas, medidas judiciales, libertad condicional, cumplimiento en medio libre y demás escenarios autorizados por la ley exista una evaluación interinstitucional seria del riesgo.

Propongo la creación o fortalecimiento de una Unidad Nacional de Seguimiento de Infractores de Alto Riesgo y Reincidencia, interconectada, con los límites constitucionales correspondientes, con Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, sistema penitenciario e Interior y Policía. Su tarea no sería fabricar culpables. Sería evitar que las instituciones funcionen como islas.

Que cuando un individuo con una condena anterior por robo agravado sea nuevamente procesado por un delito similar, el sistema lo sepa. Que cuando una persona sometida por violencia de género tenga una orden de protección vigente, el patrullero que intervenga pueda conocerlo. Que cuando un condenado salga bajo determinadas condiciones, exista verdadero seguimiento al cumplimiento de esas condiciones. Y que la inteligencia policial pueda detectar patrones, asociaciones y escalamiento criminal antes de que aparezca una nueva víctima.

PERSEGUIR SIN REINSERTAR ES PREPARAR EL PRÓXIMO DELITO

Pero aquí aparece la otra mitad de la ecuación. No sirve de mucho crear una unidad para vigilar reincidentes si el propio Estado fabrica las condiciones para la reincidencia.

Un hombre entra a prisión analfabeto, sin oficio, con dependencia de sustancias, sin tratamiento psicológico, sin documentación actualizada y sin una red familiar estable. Permanece años encerrado sin recibir educación ni capacitación real. Sale con antecedentes, sin empleo y con el mismo entorno criminal esperándolo en el barrio. Después nos sorprendemos cuando vuelve. Eso no es política criminal. Es administración del fracaso.

La Constitución dominicana establece que las penas privativas de libertad deben orientarse hacia la reeducación y reinserción social. No es una concesión sentimental al condenado; es una política de protección para todos nosotros.

Y tenemos evidencia dominicana de que otro modelo puede funcionar. Especialistas vinculados a la reforma penitenciaria han señalado diferencias sustanciales en reincidencia entre centros reformados, donde existen educación, trabajo, tratamiento psicológico y disciplina, y el modelo tradicional. El propio Estado mantiene programas de capacitación técnico-profesional precisamente con el propósito de reducir la reincidencia.

La reinserción debe comenzar el día que una persona entra a prisión, no una semana antes de salir. Y debe continuar después de la puerta de la cárcel: capacitación certificada, asistencia psicológica, tratamiento de adicciones cuando corresponda, documentación civil, intermediación laboral, acompañamiento familiar y seguimiento postpenitenciario.

Una sociedad tiene derecho a castigar al que delinque. Pero también tiene interés en que, cuando esa persona regrese a la calle, regrese mejor de como entró. Eso también es seguridad ciudadana.

UNA DOCTRINA NUEVA PARA UNA DELINCUENCIA NUEVA

República Dominicana necesita superar la vieja idea según la cual seguridad consiste esencialmente en aumentar patrullas y realizar operativos después de cada escándalo.

La patrulla es necesaria. La persecución es necesaria. DICRIM, DINTEL, DNCD, Ministerio Público, Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia tienen responsabilidades indispensables.

Pero la seguridad moderna comienza mucho antes del patrullero. Comienza en Aduanas detectando un cargamento de armas antes de que salga del puerto. En inteligencia identificando una red antes de que distribuya veinte pistolas. En la escuela evitando que un adolescente sea reclutado por una pandilla. En el Ministerio Público reconociendo una mujer en riesgo extremo antes de que sea asesinada. En el sistema penitenciario enseñando un oficio. En la empresa privada contratando al que decidió reconstruir su vida. Y en una base de datos legalmente regulada que permita saber cuándo un mismo patrón delictivo aparece una y otra vez frente a instituciones que nunca se comunicaron entre sí.

Una política criminal seria debe tener tres tiempos: antes, durante y después del delito. Antes, prevención e inteligencia. Durante, persecución efectiva y justicia. Después, reinserción y reducción de la reincidencia. Si solamente hacemos lo segundo, estaremos permanentemente recogiendo los pedazos de aquello que pudimos evitar.

SEGURIDAD SIN EXTREMOS

Tampoco podemos cometer el error de responder al crimen destruyendo el Estado de derecho. La persona investigada continúa siendo inocente hasta sentencia. El condenado que cumplió su pena no puede recibir una condena social perpetua. El joven que vive en un barrio conflictivo no es delincuente por asociación. Y pertenecer a una determinada comunidad no convierte a nadie automáticamente en integrante de una pandilla. Precisamente por eso necesitamos más inteligencia y menos improvisación.

Inteligencia para identificar al verdadero criminal. Tecnología para conectar expedientes. Investigación financiera para seguir el dinero. Balística para seguir las armas. Política social para cerrar los espacios de reclutamiento. Justicia para sancionar al culpable. Y reinserción para evitar que el culpable de ayer sea también el delincuente de mañana.  La seguridad interior de una nación no se mide solamente por cuántos delincuentes logra encarcelar. También se mide por cuántos delitos consigue evitar.

Mientras una Glock ilegal pueda recorrer clandestinamente miles de kilómetros y llegar a manos de un joven antes de que el Estado conozca siquiera la existencia de la banda a la que pertenece; mientras una mujer pueda convivir meses bajo amenazas hasta convertirse en una estadística; mientras un condenado pueda salir de prisión sin trabajo, tratamiento ni seguimiento; y mientras distintas agencias del Estado posean fragmentos de información que nunca llegan a juntarse, tendremos una vulnerabilidad estratégica.

Porque la delincuencia también aprende. También se organiza. También evoluciona. Y cuando el crimen cambia de calibre, el Estado no puede continuar pensando con la misma munición institucional de siempre.

El autor es Piloto, Abogado, Comunicador y Magister en Defensa y Seguridad Nacional.

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