Crónicas de un camino de sombras
08 Marzo 2021 Julio Gutiérrez Heredia, CPA 886
La carretera Santo Domingo-Cruce Rincón de Molenillos-Samana, con un alcance de 106.6 kilómetros, se construyó con cuatro estaciones de peaje (Marbella, Naranjal, Guaraguao y El Catey) a un costo de 151.8 millones de dólares, a los precios de 1999. Para materializar el proyecto, el Gobierno dominicano del periodo 1996-2000, organizó un Concurso Público Internacional, con el número 06-98, el cual fue otorgado al Consorcio Autopista del Nordeste, una empresa de capital de origen colombiano.
El 20 de marzo de 2002, el contrato fue aprobado por el Congreso Nacional. Dicho contrato establecía que al finalizar la etapa de revisión del diseño, se debería actualizar el valor de la construcción. Finalizada la etapa de revisión de diseño y estudio de la demanda, se elaboró un Acta, fechada el 1ro.de septiembre de 2003, ratificándose el costo de construcción de la obra vial en los referidos 151.8 millones de dólares.
A partir del 28 de abril de 2005, se inicia formalmente la construcción de la carretera. De acuerdo a las informaciones vertidas por las autoridades del periodo de gobierno 2004-2008, el costo total de la obra giraría alrededor de los Doscientos Veintidós Millones de dólares; es decir, con un aumento de un 46 por ciento del costo original, calculado en 151.8 millones de dólares. En el acto de inicio de la obra, el embajador colombiano en el país, Luis Fernando Jaramillo, reseñó el seguimiento realizado por el Presidente Fernández, para lograr la materialización de la obra.
Para establecer la participación del Estado Dominicano y el consorcio Autopista del Nordeste, en el proyecto vial, ambas partes aportarían 30 millones de dólares cada uno y, el resto fue agenciado por un financiamiento de 162 millones de dólares, colocados el 28 de febrero del 2007 en bonos corporativos a 20 años, a un interés anual de 9.39 por ciento. Es importante aclarar que el aporte del Estado Dominicano, se utilizaría en las expropiaciones de terrenos privados, circundante a la carretera.
La carretera Santo Domingo-Samaná, fue inaugurada el 12 de diciembre de 2008. La expectativa económica y financiera de la obra se fundamentó en un estudio de demanda realizado por la firma norteamericana Louis Berger Group (LBG). Ese estudio, reveló que, el Estado Dominicano tendría ingresos por impuestos y excedentes de peaje durante el período de concesión, esto es, 30 años de explotación, del 2008 al 2038, ascendente a 900 millones de dólares. Desafortunadamente, los resultados del referido estudio, nunca fueron conciliados con la realidad, ya que la experiencia de los años posteriores, muestran a un solo ganador, el consorcio Autopista del Nordeste, pues la tasa interna de retorno (TIR), le reportó un 25%.
De acuerdo al contrato firmado, el Estado Dominicano asumió la responsabilidad de garantizar al consorcio un ingreso mínimo durante la explotación del proyecto para mantener la tasa de retorno aplicable a los resultados financieros del proyecto. Por lo tanto, se acordó que el Estado asumía el compromiso de pagar un Ingreso Mínimo Garantizado o Peaje Sombra, Esto hace suponer que el Estado Dominicano, recibió informaciones inexactas con respecto al tráfico vehicular.
A este tipo de acuerdo le llaman Alianza Público-Privada. Un experimento que regularmente beneficia a los del sector privado y castiga a quienes pagan los impuestos. Esta situación comienza a verificarse durante el periodo 2012-2017, al registrarse que el consorcio recibió 324.8 millones de dólares por el peaje sombra, equivalente al 146 por ciento de la inversión original.
Evidentemente que este contrato es uno de los más leoninos que registra la historia nacional e internacional. Tiene el récord de ser el peaje más caro del mundo, por kilómetro recorrido. El costo para el Estado Dominicano, alcanza tres veces su inversión inicial, pues de acuerdo a los últimos registros, el valor acumulado del peaje sombra asciende a 584 millones de dólares, incluyendo la partida registrada en el Presupuesto Nacional del 2021. En esta operación el Estado Dominicano ha sido víctima de una conspiración contra el erario público. Dentro de las sombras que ocultan los pormenores de este proyecto, habría que investigar el destino del 20 %, de la participación del Estado en esa obra vial.
Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense
