Tratamiento del apalancamiento gubernamental

09 Agosto 2021   Julio Gutiérrez Heredia   843

El día dos de diciembre del año 2016, publiqué un artículo en este periódico con el título de “La deuda pública, el apalancamiento y el déficit fiscal”.

En aquella oportunidad, hace casi cinco años, llamaba la atención a las autoridades gubernamentales del país, debido a la tendencia desproporcionada del aumento de la deuda pública, sin tomar en consideración el efecto negativo en las finanzas del Estado, sino se invierten esos recursos en proyectos que permitan un desarrollo integral del país y, a la vez, atender el servicio de la deuda con los resultados de esa inversión, para poder solventar el compromiso contraído a su vencimiento.

En tiempos atrás se esgrimía la teoría de que el Estado, en materia de financiamientos no tenía límites. Es decir, que tomar prestado no comprometía la solvencia ni los recursos de la Nación. Aparentemente, esos teóricos no consideraron que un aumento desproporcionado en la Deuda Pública, restringe la capacidad que tienen los gobiernos de desarrollar políticas públicas, mediante la aplicación de fondos en renglones productivos; en cambio, los mismos no podrán ejecutarse, si se destinan esos fondos al pago de intereses y comisiones.

La tendencia de la economía en el presente Siglo, es medir el impacto del volumen de la Deuda Pública con el PIB. Esa comparación ha adquirido más interés a partir del año 2013, cuando la Deuda Pública Consolidada representó un 43.34 por ciento del PIB.

• Esta tendencia en la captación de financiamientos, se mantuvo en aumento hasta llegar a rebasar la barrera del 50 % del PIB, en el año 2019.

Tanto el 2020 como el 2021 se vieron influenciados por la crisis económica, generada por la pandemia del Coronavirus. Para el país, la situación se agudizó aún más por enfrentar un periodo eleccionario, ejecutado en dos eventos (sin contar con la suspendida en el mes de febrero del 2020). La justa electoral provocó un cambio de administración de la cosa pública, en el mes de agosto de ese mismo año.

• Es conveniente aclarar que, por la difícil situación económica del país, cualquier gobierno que resultare ganador de las pasadas elecciones, se vería en la obligación de gestionar préstamos para solventar los gastos generados por la crisis sanitaria.

Los programas de ayuda a personas físicas y compensaciones a varios sectores productivos, comerciales y de servicios, infligieron desembolsar grandes sumas de dinero al gobierno anterior y al presente. Esta manifestación gubernamental erosionó bastante las finanzas del Estado, debido a que, desde marzo del año pasado la economía de la República Dominicana se contrajo al extremo de ejercer una reducción del PIB en un 7 por ciento debajo del eje de abscisa.

Para atender a los contagiados del COVID 19 y asistir a los sectores más depauperados por la pérdida de empleos y el cierre de las micro y pequeñas empresas, el Gobierno Central se ha visto en la necesidad de gestionar préstamos por casi cuatro mil millones de dólares. En adición a estos financiamientos, el Gobierno Central se plantea gestionar financiamientos por alrededor de 8,500 millones de dólares, para cubrir el déficit presupuestario del 2021 (2,500 millones de dólares) y el resto para el desarrollo de políticas públicas vinculadas con proyectos agroindustriales y obras de infraestructuras.

La parte atendible de toda esta programación, es el tratamiento del apalancamiento que las autoridades gubernamentales deben de aplicar, ya que, desde el sector público, se considera que las obligaciones generadas por una financiación, no es necesario honrar el servicio de la deuda, a su término. Es preciso recordar que un apalancamiento desproporcionado, ejerce influencia negativa en la ejecución del Gasto Público, debido al alto costo del servicio de la deuda.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense