Lo dejaron morir frente al hospital y bajo la sombra de la justicia

21 Abril 2026   Affe Gutierrez   1282

El asesinato de Deivy Abreu y la rendición del orden público

Por Affe Gutiérrez.

Santo Domingo. - La muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada no fue solamente un homicidio. Fue una radiografía brutal del país que estamos permitiendo. Un hombre perseguido por una turba de motoristas, acorralado en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago, clamando auxilio, apuñalarlo y luego desangrándose a plena vista, mientras la respuesta de demasiados no fue socorrerlo, sino grabarlo. Deivy fue quien corrió a resguardarse al Palacio de Justicia, como quien todavía cree que el Estado puede protegerlo en el último segundo. Pero ni siquiera allí encontró amparo. Y la escena resulta todavía más dolorosa por una razón demoledora, frente al Palacio de Justicia está el Hospital Regional Presidente Estrella Ureña. Es decir, la posibilidad de asistencia médica urgente estaba literalmente al frente, a metros, visible, tangible. Sin embargo, Deivy fue dejado a su suerte. La tragedia no fue sólo que una turba lo persiguiera y lo hiriera; la tragedia fue también que, en el punto exacto donde debían activarse la autoridad, la humanidad y el deber elemental de socorro, prevalecieran la desorganización, la indiferencia y el celular convertido en testigo inútil.

No estamos ante un hecho aislado. Estamos ante una señal de colapso. Porque cuando una discusión vial deriva en cacería humana, cuando una turba decide sustituir a la ley, cuando el miedo cambia de acera y empieza a pertenecerle al ciudadano decente, ya no puede hablarse de incidentes dispersos. Lo que existe es una subversión del orden cotidiano. Y esa subversión tiene un rostro conocido, motocicletas usadas como instrumento de cerco, de persecución, de intimidación, de fuga y, demasiadas veces, de violencia colectiva.

El Estado llega siempre después de la sangre

Las autoridades reaccionan, sí. Hablan. Identifican. Prometen. Persiguen. Someten. Pero casi siempre lo hacen cuando ya el video circuló, cuando ya la víctima cayó, cuando ya la familia quedó rota, cuando ya el país sumó otra escena intolerable a su archivo de vergüenzas. La Policía identificó al presunto autor material y varios motoristas fueron sometidos por su presunta participación. La ministra de Interior y Policía aseguró que el crimen no quedará impune. Pero la pregunta no es si habrá consecuencias después. La pregunta es por qué el ciudadano dominicano sigue sintiendo que, en el momento crítico, está solo.

Peor todavía, tras el crimen, la propia Procuraduría advirtió sobre fallas de seguridad en el Palacio de Justicia de Santiago. Eso agrava todo. Porque si un hombre perseguido por una turba no logra resguardo ni siquiera en el perímetro físico de la justicia, el mensaje social es aterrador, la autoridad ya no impone respeto preventivo; apenas administra ruinas posteriores. El problema no es sólo criminal. Es institucional. Es un Estado que luce demasiado lento para prevenir y demasiado ceremonial para reaccionar.

La calle se ha vuelto una zona de intimidación

La gente tiene miedo. Y no, no se trata de una exageración burguesa, ni de paranoia urbana, ni de prejuicio clasista. Se trata de experiencia acumulada. El dominicano ya aprendió a tensarse cuando un motorista se le acerca demasiado en un semáforo. Ya aprendió a medir con cautela una discusión de tránsito menor, porque sabe que un roce puede convertirse en emboscada. Ya aprendió a mirar por el retrovisor no sólo por prudencia vial, sino por supervivencia. Ese miedo no nace del vacío. Nace de hechos repetidos.

En julio de 2025, un conductor fue rodeado y atacado por motoristas en la avenida Winston Churchill, en un episodio donde se reportó el uso de piedras y cascos contra el vehículo. La prensa documentó la agresión y la persecución. Y no fue presentado como una anomalía exótica, sino como parte de una cadena de episodios similares. Un medio de comunicación incluso habló de persecuciones de motoristas tras incidentes de tránsito que “se repiten”. Cuando una conducta se repite, deja de ser accidente social y pasa a ser patrón.

Algo parecido ocurre en los semáforos. Ya no se trata sólo de informalidad o desorden urbano. Se trata de coacción. De ocupación hostil del espacio público. El caso de la joven atacada en Olof Palme con Núñez de Cáceres en 2023, herida con una piedra o block por un limpiavidrios, dejó claro que incluso la negativa a pagar por un servicio no solicitado puede ser respondida con violencia. También se documentaron agresiones a periodistas y rotura de cristales de vehículos por limpiavidrios en otras vías del Gran Santo Domingo. Esa no es una discusión de convivencia. Eso es intimidación pura y simple.

La tragedia mayor: la muerte moral del espectador

Pero si algo vuelve el caso de Deivy Abreu todavía más doloroso es el comportamiento de quienes estaban allí. Porque una sociedad puede padecer delincuencia y, aun así, conservar humanidad. Lo insoportable es cuando empieza a perder ambas cosas al mismo tiempo. Deivy pidió ayuda. Según la prensa, se escuchó su clamor: “No me dejen morir”, “Dios mío, a ti me encomiendo Señor”. Y, aun así, la escena quedó atravesada por la pasividad, el morbo y la impudicia del celular convertido en testigo inútil.

Ahí está una de las peores derrotas del país. No sólo hay agresores dispuestos a apuñalar. También hay espectadores incapaces de auxiliar. No sólo hay cobardía criminal. También hay cobardía moral. El herido dejó de ser prójimo y pasó a ser contenido. La sangre dejó de ser urgencia y se convirtió en video. Cuando el orden llega a ese grado de quiebre, el problema no es exclusivamente de seguridad ciudadana, se convierte en una crisis espiritual de la sociedad. Una comunidad que prefiere grabar antes que socorrer empieza a vaciarse por dentro, aunque siga funcionando por fuera.

No todo “trabajo” merece la coartada sentimental

Luego vienen siempre las mismas voces, “son padres de familia”, “están trabajando”, “no los dejan buscarse el pan”. Esa apelación sentimental ya no resiste una revisión seria. Trabajar no es acosar mujeres dentro de sus vehículos. Trabajar no es imponer servicios no solicitados. Trabajar no es lanzar piedras. Trabajar no es cercar conductores. Trabajar no es amenazar. Trabajar no es extorsionar por miedo. La pobreza jamás puede convertirse en licencia de intimidación. La necesidad no exonera la violencia. La precariedad no absuelve la barbarie.

Hay miles de motoristas honestos, trabajadores reales, hombres que cargan su vida sobre dos ruedas sin delinquir, sin acosar, sin romper cristales, sin organizar jaurías callejeras. A esos no se les debe estigmatizar. Pero una sociedad seria tampoco puede seguir fingiendo que no existe un núcleo de anomia violenta enquistado alrededor del ecosistema de motores usados para cercar, huir, asaltar, perseguir o imponer dominio físico sobre el ciudadano desarmado. Incluso autoridades públicas han vinculado las motocicletas con factores críticos de seguridad y criminalidad.

El testimonio del miedo cotidiano

Por eso el relato de la periodista Angely Moreno, quien contó en redes que tuvo que sacar dinero de un cajero para entregárselo a un motorista y evitar una agresión, no puede despacharse como simple anécdota. Es la verbalización pública de un miedo ya instalado. Es el reconocimiento de que, para muchos ciudadanos, ciertos conflictos callejeros ya no se resuelven por norma, sino por cálculo de daño, “¿Cuánto me cuesta salir ileso de esto?”. Eso, en términos civiles, es devastador. Porque cuando el ciudadano se ve obligado a pagar para comprar tranquilidad inmediata, ya no vive bajo autoridad pública efectiva; vive bajo micro-regímenes informales de coerción.

Y eso conecta con experiencias que se repiten en privado, casi siempre fuera de estadísticas, pero dentro de la memoria colectiva, cristales rotos por motoristas o limpiavidrios, acoso a damas en semáforos, lenguaje soez, provocaciones calculadas, invasión del espacio íntimo del vehículo, amenazas disfrazadas de “advertencia”. El ciudadano correcto acaba respirando hondo, tragándose la indignación, cediendo terreno, no por debilidad moral, sino por prudencia táctica. Sabe que del otro lado hay demasiada facilidad para escalar. Y esa es otra derrota del orden, cuando el hombre de ley debe actuar como rehén del desorden para no convertirse en cadáver o imputado.

¿Vivimos entre salvajes?

La pregunta es dura, pero los hechos la provocan, ¿vivimos en una sociedad de salvajes, indolentes, sin respeto por la autoridad? Tal vez la respuesta más rigurosa sea todavía peor. No vivimos en una sociedad enteramente salvaje. Vivimos en una sociedad donde la civilización está cediendo demasiados espacios a la barbarie cotidiana, y donde el Estado parece tolerar esa cesión hasta que la tragedia explota. No es que el orden haya desaparecido del todo. Es que ha dejado de ser convincente en demasiados lugares. Cuando la autoridad deja de ser convincente, la calle la reemplaza con códigos tribales, manada, fuerza, intimidación, venganza, fuga.

Eso fue lo ocurrido con Deivy Abreu. Una controversia vial derivó en una lógica de manada. No hubo contención. No hubo desescalamiento. No hubo conciencia del límite. Hubo persecución. Hubo turba. Hubo armas blancas. Hubo muerte. Hubo barbarie. Y luego hubo celulares. La escena resume el retroceso de violencia primitiva ejecutada en tiempo real y consumida como espectáculo por una modernidad moralmente vacía.

La obligación del Estado y el deber de la ciudadanía

A las autoridades hay que hablarles claro, ya no bastan operativos de ocasión, ni conferencias de prensa, ni la costumbre oficial de administrar crisis con frases solemnes. Hace falta control real del espacio público, consecuencias visibles, persecución efectiva de las turbas violentas, ordenamiento serio del tránsito informal, desmonte de focos de coerción callejera y una política de seguridad que entienda que el miedo del ciudadano comienza mucho antes del gran delito. Comienza en el semáforo. Comienza en la discusión menor. Comienza en la certeza de que una nimiedad puede desembocar en linchamiento.

Y a la ciudadanía también hay que hablarle sin anestesia, grabar no es ayudar. Justificar no es comprender. Humanizar al agresor mientras se deshumaniza a la víctima es una inversión moral perversa. No todo el que “se busca la vida” merece indulgencia pública. No todo el que anda en motor es una amenaza, pero toda amenaza tolerada por cansancio termina creciendo. Las sociedades que toleran pequeños abusos acaban condenadas a sufrir grandes barbaries.

Un país que debe decidir

Deivy Carlos Abreu Quezada dejó hijos, familia, una vida truncada y una pregunta nacional que no puede seguir posponiéndose, ¿quién o quienes gobiernan realmente las calles dominicanas? Si la respuesta sigue siendo “la turba”, “el azar”, “el miedo” o “el que impone más fuerza”, entonces no estamos ante una simple crisis de tránsito ni ante una cadena de hechos aislados. Estamos ante una erosión del pacto civilizatorio.

El país tiene que decidir si seguirá tratando estas escenas como noticias pasajeras o si al fin las asumirá como lo que son, síntomas de una enfermedad más profunda. Que un hombre corra hacia la justicia y encuentre la muerte; que la multitud responda a la agonía con cámaras; que un semáforo pueda convertirse en zona de extorsión; que una mujer tema bajar un cristal o siquiera mirar al frente; que el ciudadano decente aprenda a ceder para no ser agredido, demuestra que lo que está en juego ya no es solo la seguridad. Lo que está en juego es la República misma.

El autor es Piloto, Abogado, Comunicador y Magister en Defensa y Seguridad Nacional.

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