Las malas decisiones políticas corroen las instituciones del Estado Dominicano

05 Octubre 2015   Julio Gutiérrez Heredia   1487

SANTO DOMINGO, RD.- Cuando se constituyen agencias estatales para ofrecer un servicio a la ciudadanía en procura de mantener o elevar el nivel de bienestar de los más necesitados, el pueblo siente que desde el Estado se está enviando una señal de preocupación por mantener un clima de estabilidad social y económica para el país.

Este razonamiento lo expresamos debido a que, cuando se crearon el INESPRE y el OISOE, la interpretación de la mayoría del pueblo era que se buscaba corregir determinadas deficiencias administrativas del gobierno.

Todos nos acostumbramos a tratar esas instituciones por sus siglas, pero con el tiempo se ha ido perdiendo en la memoria del pueblo qué significan esas siglas. Por ejemplo, el INESPRE fue creado mediante la Ley 526, del 11 de diciembre del año 1969, con el nombre de Instituto de Estabilización de Precios. De acuerdo al artículo 5 de la referida Ley, en sus acápites a) y b), se le otorga autoridad para “seleccionar los productos agrícolas y ganaderos cuyos precios serán objeto de regulación” y “establecer sus propios precios”. En principio, este organismo gubernamental se ajustó estrictamente al dispositivo legal que lo creo. En la medida que fue cambiando de directores, sus fines se vieron afectados por la intervención de políticos “enganchados” a ser administradores de la cosa pública. Y así, poco a poco, el INESPRE se fue convirtiendo en un nido de favores y de compromisos políticos de los presidentes de turno. El concepto de “estabilización” de precios ha desaparecido. Ya no hay productos para comercializar y reducir el costo de la canasta familiar, como era su intención al final de la década del sesenta.

Una idea parecida surgió en la mente de las autoridades gubernamentales en el año 1987, cuando por Decreto No.590-87, de fecha 25 de noviembre de 1987, se creó la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado, con el propósito de preservar la calidad de las construcciones del Estado y tratar de mitigar los vicios de construcción y el abultamiento de los presupuestos, innecesariamente. Al igual que el INESPRE, se entendía que esa Oficina de Ingenieros resolvería el problema común, que evitaría el flujo de fondos sin una justificación y supervisión profesional, pero esta idea se fue desvaneciendo cuando se le adjudicaron funciones totalmente incompatibles con su creación, es decir, se le dio potestad para construir. Desde que se tomó esa decisión, se convirtió en juez y parte, una tarea difícil para los seres humanos.

Las decisiones, en principio, de crear esos organismos gubernamentales, tenían un fin de aceptación razonable, pero con el tiempo las autoridades responsables de administrar la cosa pública, hicieron un uso inadecuado de las funciones de los mismos. Es tanto el desencanto de la población, que muchos sectores han pedido el cierre de esas instituciones, yo considero que no, que lo que procede es ajustarlas a los instrumentos legales que les dieron origen para que desarrollen una labor con eficaz, eficiente, económica y ética.

Las autoridades que gobiernan el país deben ponerle atención a estas entidades y a otras más que están siguiendo un derrotero similar, para evitar el deterioro de nuestras instituciones estatales, para no darle motivos a los que dicen que “este no es un país”.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense
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