El precio de agradar y el costo de gobernar
14 Noviembre 2026 Affe Gutierrez 27
Subsidios, reformas fiscales y el contrato social frente a las urnas. De Lincoln a Trump, de Milei a Abinader, la historia revela la difícil relación entre la popularidad de los gobiernos, los sacrificios ciudadanos y la sostenibilidad económica de las naciones.
Por Affe Gutierrez
Santo Domingo, R. D. - Hay una contradicción que atraviesa silenciosamente la historia de las democracias. Los ciudadanos exigen gobiernos capaces de resolver sus problemas, garantizar servicios públicos, proteger sus ingresos y construir un futuro de prosperidad. Sin embargo, no siempre están dispuestos a aceptar los sacrificios económicos que determinadas transformaciones requieren. Los gobernantes, conscientes de esa resistencia, suelen encontrarse atrapados entre dos obligaciones que pueden entrar en conflicto, preservar su respaldo electoral o adoptar decisiones cuyos beneficios podrían materializarse después de haber abandonado el poder.
No se trata de justificar cualquier reforma económica bajo el argumento de que es necesaria, ni de condenar las medidas sociales por el simple hecho de representar gastos públicos. El verdadero problema aparece cuando la popularidad se convierte en el principal criterio de administración del Estado, hasta el punto de que decisiones estructurales indispensables terminan postergándose para evitar el descontento ciudadano.
La experiencia de Estados Unidos durante más de siglo y medio, las reformas económicas de Javier Milei en Argentina, la crisis bancaria dominicana de 2003 y las sucesivas reformas fiscales retiradas por Luis Abinader permiten examinar una realidad incómoda. Gobernar responsablemente no siempre produce aplausos, pero gobernar buscando exclusivamente los aplausos tampoco garantiza el bienestar de una nación.
Los subsidios y la paradoja de una protección social que también favorece a quienes no la necesitan
En República Dominicana hemos construido una relación de dependencia con determinados subsidios que merece una discusión mucho más profunda que el acostumbrado enfrentamiento entre quienes defienden su permanencia y quienes reclaman eliminarlos.
Los subsidios a los combustibles, la electricidad, el transporte público, el agua potable y otros servicios tienen una finalidad económica y social comprensible. Permiten amortiguar los costos que soportan millones de familias, particularmente aquellas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir adecuadamente sus necesidades esenciales.
Sin embargo, existe una contradicción distributiva. Una parte importante de esos beneficios no distingue entre el ciudadano pobre, el trabajador de clase media-baja, el profesional de ingresos elevados y el empresario con capacidad económica suficiente para pagar el costo completo de determinados servicios.
El propietario de un vehículo de lujo puede beneficiarse de la contención de los precios de los combustibles, al igual que el trabajador que necesita transportarse diariamente a su empleo. Una familia de ingresos elevados también puede recibir beneficios derivados de tarifas eléctricas reguladas. En términos absolutos, quien consume más unidades de un producto subsidiado puede recibir un beneficio monetario mayor, aunque ese subsidio represente una proporción menor de sus ingresos.
Esto no significa que todos los programas sociales sean regresivos. La alimentación escolar, las transferencias focalizadas y determinadas ayudas condicionadas responden a criterios diferentes. El problema se encuentra principalmente en aquellos subsidios generalizados que distribuyen recursos públicos sin distinguir suficientemente la capacidad económica de sus beneficiarios.
Existe, además, una dimensión empresarial que exige vigilancia. Algunos subsidios dirigidos a facilitar servicios esenciales se canalizan mediante empresas, transportistas, productores e intermediarios privados. Esta participación puede ser legítima y necesaria, pero también genera riesgos de captura de beneficios, rentas excesivas o transferencias que no llegan íntegramente al consumidor final. No se puede presumir que todas las empresas beneficiarias incurran en prácticas abusivas, pero tampoco debe aceptarse que una declaración de finalidad social sustituya la fiscalización de los recursos públicos.
El dilema, por tanto, no consiste simplemente en mantener o eliminar los subsidios. Consiste en determinar por qué el Estado debe subsidiar con recursos colectivos a quienes tienen capacidad de pagar, mientras continúa enfrentando limitaciones presupuestarias para atender necesidades sociales e infraestructuras fundamentales.
Esta preocupación no es exclusivamente nuestra. El Fondo Monetario Internacional ha recomendado a República Dominicana mejorar la focalización de los subsidios, reducir las pérdidas del sector eléctrico, fortalecer las finanzas públicas y proteger el gasto social destinado a los sectores vulnerables. En otras palabras, no se trata simplemente de eliminar la protección estatal, sino de evitar que los recursos destinados a quienes menos tienen continúen beneficiando indiscriminadamente a quienes pueden asumir sus propios costos. El verdadero desafío consiste en transformar una política de subsidios generalizados en un sistema de protección social más eficiente, transparente y equitativo, que permita liberar recursos para infraestructuras, educación, salud y otras necesidades nacionales sin abandonar a los ciudadanos de menores ingresos.
Una guerra distante y una factura que terminamos pagando los dominicanos
La crisis geopolítica vinculada con Irán y el Golfo Pérsico ha vuelto a demostrar hasta qué punto nuestra economía depende de acontecimientos internacionales sobre los cuales tenemos escasa capacidad de intervención.
El conflicto iniciado en febrero de 2026 introdujo nuevas presiones sobre los mercados energéticos internacionales. Para una economía importadora de hidrocarburos como la dominicana, estas perturbaciones repercuten sobre el costo de los combustibles, el transporte, la generación eléctrica y buena parte de las actividades productivas.
El Gobierno dominicano ha respondido absorbiendo una proporción considerable de esos incrementos mediante subsidios. El pasado jueves, el presidente Luis Abinader anunció que mantendría estables los precios de los combustibles hasta el 7 de enero de 2027, siempre que el subsidio semanal no superara los RD$1,500 millones. También informó que el gasto destinado a esa protección podría aproximarse a RD$50,000 millones al finalizar el año.
La decisión tiene una explicación social evidente. Trasladar inmediatamente a los consumidores todo el aumento internacional podría afectar el transporte, la distribución de alimentos, la producción y el poder adquisitivo de millones de dominicanos.
Sin embargo, esos recursos no aparecen por generación espontánea. Deben obtenerse mediante impuestos, endeudamiento, reasignaciones presupuestarias u otras fuentes de financiamiento. Lo que el ciudadano deja de pagar directamente por un combustible puede terminar siendo financiado colectivamente mediante el presupuesto nacional.
El subsidio protege al consumidor presente, pero también compite con los recursos que podrían destinarse a hospitales, escuelas, infraestructuras de drenaje, seguridad ciudadana o reducción de obligaciones públicas.
Desde una perspectiva geopolítica, esta situación refleja una vulnerabilidad estructural. Mientras República Dominicana dependa considerablemente de combustibles importados, los acontecimientos del Golfo Pérsico podrán seguir condicionando decisiones fiscales internas. La transición energética, la diversificación de fuentes de generación y la eficiencia del transporte no son simples aspiraciones ambientales. También constituyen instrumentos de seguridad económica y autonomía estratégica.
Estados Unidos y 164 años de castigo legislativo a los presidentes
La historia electoral estadounidense permite comprender por qué tantos gobernantes consideran políticamente arriesgado imponer sacrificios económicos a sus ciudadanos.
Desde las elecciones de medio término de 1862, celebradas durante la presidencia de Abraham Lincoln, hasta las de noviembre de 2026, han transcurrido 42 procesos electorales de esta naturaleza. Tomando como referencia las pérdidas o ganancias netas de escaños en la Cámara de Representantes, el partido presidencial sufrió retrocesos en 38 ocasiones.
Solamente cuatro elecciones rompieron esa tendencia. Theodore Roosevelt en 1902, Franklin D. Roosevelt en 1934, Bill Clinton en 1998 y George W. Bush en 2002. El caso de 1902 tiene una particularidad histórica, pues aumentó el número total de representantes, circunstancia que exige cautela al compararlo con las demás elecciones. En los últimos cuarenta años, las excepciones fueron Clinton y George W. Bush.
Clinton llegó a las elecciones de 1998 en medio del escándalo de Monica Lewinsky y de una ofensiva republicana para promover su destitución. Sin embargo, disfrutaba de una economía sólida, elevados niveles de aprobación presidencial y una parte considerable de la ciudadanía consideraba excesiva la estrategia de sus adversarios.
Hillary Clinton desempeñó un papel público importante en la defensa política de su esposo durante aquella crisis. No obstante, sería simplificar la historia atribuir exclusivamente a su intervención el resultado electoral. La prosperidad económica y el rechazo al proceso de destitución constituyeron factores determinantes de aquel contexto.
Los demócratas consiguieron aumentar su representación en la Cámara, algo verdaderamente excepcional para el partido de un presidente en ejercicio. Según la serie histórica de The American Presidency Project, ganaron cuatro escaños.
George W. Bush, por su parte, obtuvo una victoria legislativa en 2002 bajo circunstancias completamente diferentes. Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 habían provocado un profundo sentimiento de unidad nacional y un elevado respaldo a la presidencia. La seguridad nacional y la guerra contra el terrorismo ocuparon el centro de la agenda pública. Los republicanos ganaron ocho escaños en la Cámara, según esa misma serie histórica.
Barack Obama ofrece el contraste opuesto. En 2010, durante la recuperación de la crisis financiera y la controversia sobre su reforma sanitaria, los demócratas perdieron 63 escaños en la Cámara. Fue una de las derrotas legislativas más pronunciadas de la historia contemporánea estadounidense. Su administración, además, registró un volumen extraordinariamente elevado de deportaciones formales de inmigrantes, demostrando que las políticas presidenciales no siempre encajan en las simplificaciones ideológicas del debate electoral. A pesar de aquella derrota de 2010, Obama ganó la reelección presidencial en 2012.
La experiencia más reciente corresponde a Donald Trump. Las elecciones de midterms 2026 dieron a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso, en medio del descontento por el costo de vida, las políticas económicas, la guerra con Irán y otras controversias de su administración.
Lo que demuestra esta historia no es que toda reforma económica provoque una derrota electoral. Las elecciones de medio término también expresan desgaste político, movilización opositora y rechazo a decisiones ajenas a la economía. Sin embargo, sí ponen de manifiesto que los ciudadanos disponen de un mecanismo para alterar el equilibrio legislativo durante una presidencia.
En Estados Unidos, el mandatario puede ganar una elección presidencial y perder dos años después parte importante de su poder político. Esa posibilidad condiciona las decisiones del gobernante, particularmente aquellas cuyos beneficios económicos son diferidos y cuyos sacrificios son inmediatos.
Milei y la valentía política de ejecutar un ajuste que tenía costos previsibles
Argentina representa otra dimensión del problema. Javier Milei llegó a la presidencia el 10 de diciembre de 2023 con la promesa explícita de transformar radicalmente la economía. No heredó una situación normal. Argentina acumulaba desequilibrios fiscales y monetarios, escasez de reservas internacionales, restricciones cambiarias y una inflación anual que había superado el 200 %.
La necesidad de corregir esos desequilibrios era real. Mantenerlos indefinidamente habría prolongado la inestabilidad y la pérdida del poder adquisitivo. El debate fundamental no consiste en negar aquella crisis, sino en examinar la velocidad, la composición y la distribución social de los sacrificios requeridos para superarla.
Durante 2024, el gasto primario del gobierno argentino disminuyó aproximadamente un 27 % en términos reales. Los recortes alcanzaron obras públicas, subsidios económicos, transferencias provinciales, jubilaciones y diferentes partidas administrativas, aunque determinadas ayudas focalizadas recibieron mayor protección. Milei había advertido que la estabilización exigiría atravesar un período difícil, bajo la expectativa de que posteriormente llegaría una recuperación económica intensa.
Las cifras posteriores muestran avances importantes. La inflación anual descendió hasta el 31.5 % al cierre de 2025 y la economía registró un crecimiento real del 4.4 % durante ese año, después de la contracción de 2024. El Fondo Monetario Internacional reconoció en mayo pasado los avances en estabilización fiscal y monetaria, aunque también advirtió sobre riesgos económicos y vulnerabilidades financieras persistentes.
El costo social del proceso, entretanto, había sido significativo. La provincia de Buenos Aires, que concentra aproximadamente el 37 % del padrón electoral nacional argentino, ofreció una expresión importante de esa tensión. En su conurbano reside una extensa población trabajadora, de clases medias, medias-bajas y sectores populares. El conurbano no representa por sí solo el 40 % de los electores argentinos, pero constituye el núcleo más poblado de la provincia y un territorio decisivo para la organización electoral del peronismo.
En las elecciones provinciales del 7 de septiembre de 2025, el peronismo obtuvo aproximadamente el 47.3 % de los votos frente al 33.7 % de La Libertad Avanza. El resultado se produjo en un contexto de tensiones económicas, controversias políticas y una importante capacidad de movilización territorial de la oposición. Sin embargo, apenas 49 días después, Milei consiguió una victoria nacional en las elecciones legislativas del 26 de octubre, con alrededor del 40.7 % de los votos para La Libertad Avanza.
Ese contraste impide presentar a la ciudadanía argentina como una población que rechazó unánimemente las reformas. Parte del electorado cuestionó sus costos, mientras otra parte respaldó la estabilización económica o consideró menos convincentes las alternativas opositoras.
La cuestión esencial no es si Milei obtuvo todos los resultados que prometió, ni si cada recorte fue indispensable. La verdadera discusión consiste en determinar si un gobierno puede convertir una estabilización macroeconómica en bienestar social duradero, sin que la población más vulnerable cargue desproporcionadamente con los sacrificios de la transición.
Baninter y el precio de una decisión que pretendía proteger a todos
La República Dominicana tiene una experiencia histórica particularmente dolorosa sobre las consecuencias que pueden derivarse de decisiones adoptadas para proteger a la población y preservar la confianza económica.
Durante el gobierno de Hipólito Mejía, entre 2000 y 2004, se produjo la crisis bancaria vinculada al colapso de Baninter y a las dificultades de otras instituciones financieras.
La decisión de reconocer los depósitos de todos los ahorrantes, incluso por encima de la cobertura ordinaria prevista en la legislación monetaria, se defendió con el argumento de evitar una corrida bancaria y proteger la confianza en el sistema financiero nacional. La finalidad declarada era comprensible. Permitir que una quiebra bancaria de aquella magnitud destruyera los ahorros de miles de personas podía provocar consecuencias económicas y sociales extraordinariamente graves.
Sin embargo, el rescate terminó representando una carga financiera monumental. El Banco Central registró que el salvamento de Baninter, Bancrédito y Mercantil tuvo un costo equivalente al 20.3 % del producto interno bruto de 2003.
La expansión monetaria, la incertidumbre financiera, las debilidades de supervisión y la pérdida de confianza contribuyeron a una severa depreciación del peso. El tipo de cambio pasó de aproximadamente RD$17.56 por dólar en enero de 2003 a un máximo cercano a RD$54.81 a comienzos de febrero de 2004. No fue simplemente una duplicación del precio del dólar, sino un incremento superior al triple respecto al nivel inicial.
La crisis desencadenó una inflación extraordinaria y deterioró profundamente el poder adquisitivo de la población. La protección de los depositantes terminó coexistiendo con un costo económico generalizado soportado por la sociedad.
En las elecciones congresuales de 2002, el PRD había conseguido una amplia mayoría, incluyendo 29 de las 32 senadurías. Dos años después, Hipólito Mejía perdió la elección presidencial frente a Leonel Fernández.
Sería históricamente incompleto atribuir aquella derrota únicamente al rescate bancario. También influyeron el fraude que originó la crisis, las fallas regulatorias, la política monetaria, las expectativas cambiarias y el deterioro general de la economía.
Sin embargo, la experiencia deja una advertencia. Una decisión tomada para proteger a los ciudadanos puede generar consecuencias distributivas perjudiciales si su financiamiento y sus efectos macroeconómicos no son adecuadamente gestionados. La buena intención política no exonera al gobernante de responder por las consecuencias previsibles de sus decisiones.
Abinader y las tres ocasiones en que retrocedió ante la resistencia fiscal
Luis Abinader ha enfrentado un dilema parecido desde que asumió la presidencia en agosto de 2020. En octubre de ese año, el Gobierno retiró los nuevos impuestos contemplados en el proyecto de presupuesto de 2021, entre ellos propuestas relacionadas con el salario de Navidad y las compras realizadas en moneda extranjera. El rechazo ciudadano llevó al mandatario a buscar fuentes alternativas de financiamiento.
En octubre de 2021 volvió a producirse un episodio significativo. Abinader anunció que no sometería una reforma tributaria, argumentando que la prioridad debía ser la recuperación económica y que no correspondía exigir mayores sacrificios a la población en aquel momento.
La tercera ocasión ocurrió en octubre de 2024, durante su segundo período presidencial. El Gobierno presentó el proyecto de Ley de Modernización Fiscal, que incluía modificaciones impositivas y una ampliación de la base del ITBIS. La reacción de sectores sociales, empresariales y profesionales fue considerable.
El 19 de octubre de 2024, Abinader anunció que solicitaría el retiro del proyecto del Congreso Nacional. Conviene precisar que se trató de tres episodios de retroceso o desistimiento tributario, pero solamente el último consistió en retirar formalmente del Congreso una reforma fiscal integral.
Estas decisiones pueden interpretarse desde dos perspectivas legítimas. Para unos, muestran disposición al diálogo y respeto a las preocupaciones ciudadanas. Para otros, reflejan las dificultades del sistema político para construir consensos alrededor de reformas necesarias.
Ambas consideraciones merecen atención. Gobernar escuchando a los ciudadanos es una obligación democrática, pero posponer indefinidamente los problemas fiscales tampoco constituye una solución.
El verdadero desafío consiste en explicar con transparencia qué se pretende reformar, quién asumirá los costos, cuáles serán las compensaciones y qué beneficios verificables obtendrá la población. Una reforma puede ser técnicamente razonable y políticamente inviable si carece de legitimidad social. Del mismo modo, una decisión fiscal popular puede resultar insostenible si compromete servicios futuros o incrementa peligrosamente la deuda pública.
El país que subsidia el presente y posterga las obras del futuro
Existe otro ejemplo dominicano que permite comprender la magnitud de este conflicto entre rentabilidad electoral y responsabilidad pública. El Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional enfrentan deficiencias estructurales de drenaje pluvial que se hacen evidentes durante lluvias intensas. Sectores residenciales y comerciales terminan inundados, la circulación se paraliza y miles de ciudadanos padecen daños materiales y pérdidas económicas.
Resolver integralmente estas deficiencias exige inversiones elevadas, planificación de largo plazo, intervenciones subterráneas y coordinación entre diversas instituciones. Una obra de drenaje puede requerir abrir avenidas, interrumpir el tránsito, afectar temporalmente actividades comerciales y soportar meses de molestias ciudadanas. Una vez terminada, gran parte de la inversión permanece bajo tierra y su utilidad solamente se hace plenamente visible durante los episodios de lluvia.
Desde el punto de vista electoral, no siempre ofrece la misma recompensa inmediata que una avenida asfaltada, un elevado, un parque o una infraestructura visualmente impactante. La experiencia de los elevados y pasos a desnivel construidos durante el primer gobierno de Leonel Fernández, entre 1996 y 2000, permite recordar cómo las grandes intervenciones urbanas pueden generar simultáneamente beneficios futuros y rechazo ciudadano durante su ejecución. Las incomodidades causadas por aquellas obras formaron parte del debate político de la época, pudiendo ser parte o la causa de la derrota electoral del PLD en 2000.
La reflexión continúa siendo pertinente. El gobernante enfrenta incentivos para favorecer obras visibles y de ejecución rápida, mientras proyectos menos espectaculares, pero esenciales para la seguridad y la resiliencia urbana, pueden quedar postergados. Una democracia responsable debería ser capaz de reconocer el valor de las inversiones que no producen grandes inauguraciones, pero que protegen vidas, viviendas y actividades económicas durante generaciones.
El contrato social y el verdadero propósito de la autoridad pública
Esta discusión nos conduce a uno de los fundamentos esenciales de la filosofía política. Thomas Hobbes, en Leviatán, publicado en 1651, defendió la necesidad de una autoridad común capaz de garantizar la paz y proteger a las personas de la inseguridad. John Locke, en su Segundo tratado sobre el gobierno civil, publicado en 1689, sostuvo que la legitimidad del gobierno descansa en la protección de los derechos naturales, especialmente la vida, la libertad y la propiedad. Jean-Jacques Rousseau, en El contrato social, publicado en 1762, desarrolló una concepción de la autoridad política basada en la voluntad general, la libertad civil y la búsqueda del bien común.
Aunque sus planteamientos presentan diferencias fundamentales, los tres permiten comprender que la organización política no existe simplemente para preservar el poder de quienes gobiernan.
Los ciudadanos aceptan someterse a un orden jurídico común y limitar determinadas libertades en beneficio de la convivencia, la seguridad, la justicia y la protección de sus derechos. El Estado, a su vez, adquiere obligaciones cuyo cumplimiento debe permitir que las personas desarrollen sus proyectos de vida y aspiren al bienestar. La felicidad no puede garantizarse mediante una disposición gubernamental. Sin embargo, el Estado debe contribuir a establecer condiciones que permitan buscarla sin que la inseguridad, la arbitrariedad o la miseria destruyan las posibilidades de una vida digna.
En consecuencia, alcanzar un superávit fiscal no constituye por sí mismo el cumplimiento del contrato social. Tampoco lo representa distribuir subsidios hasta comprometer la capacidad económica del Estado. Un gobierno responsable debe encontrar el equilibrio entre proteger las necesidades inmediatas de la población y preservar las condiciones que permitirán sostener esa protección en el futuro.
La abstención y la silenciosa fractura de la representación política dominicana
La participación electoral dominicana plantea otra dimensión de este problema. En las elecciones presidenciales del año 2000, la abstención fue del 23.86 %. Para 2016 había alcanzado el 30.40 %. En 2020 ascendió al 44.71 % y en 2024 llegó al 45.63 %. En otras palabras, el porcentaje de ciudadanos inscritos que no acudieron a votar prácticamente se duplicó entre 2000 y 2024.
Este crecimiento merece una reflexión que trasciende las disputas partidarias. No podemos afirmar que todos los abstencionistas rechazan al gobierno de turno. La abstención puede responder a desinterés, dificultades logísticas, distancia respecto de las organizaciones políticas, desconfianza institucional o ausencia de candidatos que despierten entusiasmo.
Pero tampoco corresponde ignorar la magnitud de un fenómeno que mantiene fuera de las urnas a una proporción tan elevada del padrón. La encuesta de ACD Media realizada entre el 9 y el 11 de octubre de 2026 aporta información relevante. El PRM encabezaba la intención de voto partidaria con 29.7 %, seguido por la Fuerza del Pueblo con 21.7 % y el PLD con 17.2 %.
El dato más significativo no era únicamente la distribución de las preferencias partidarias, sino que el 59.9 % de los entrevistados declaró no simpatizar con ninguna organización política, mientras el 68.9 % expresó poca o ninguna confianza en los partidos. Conviene evitar una confusión frecuente. Ese 59.9 % no representa una proyección de abstención. En la misma encuesta, el 13.7 % manifestó que no votaría y otro 11.3 % no sabía o no respondió.
También resulta interesante la apertura hacia figuras procedentes de los medios digitales. Santiago Matías, conocido como Alofoke, ha conseguido una presencia pública considerable y es objeto de mediciones de preferencias políticas. Sin embargo, notoriedad mediática, disposición a votar por una figura digital e intención efectiva de voto son indicadores diferentes. No existe fundamento para convertir automáticamente esas respuestas en un respaldo electoral superior al 10 %.
La aparición de nuevos protagonistas fuera de las estructuras partidarias tradicionales constituye, no obstante, un fenómeno que merece atención. Refleja transformaciones en las formas de comunicación política, representación y relación de determinados sectores de la sociedad con los partidos.
Una democracia puede continuar celebrando elecciones legítimas mientras una proporción creciente de ciudadanos se distancia de sus organizaciones políticas. Esa realidad no elimina la legitimidad de los resultados, pero plantea interrogantes sobre la fortaleza de los vínculos entre representantes y representados.
La desaparición de las elecciones dominicanas de medio término
Hay otra diferencia institucional entre República Dominicana, Estados Unidos y Argentina que rara vez ocupa el centro de nuestra discusión política. Después de la crisis electoral dominicana de 1994, las elecciones presidenciales fueron separadas de las congresuales y municipales. De esa manera, el país celebró elecciones legislativas de medio término en 1998, 2002, 2006 y 2010.
Sin embargo, la reforma constitucional de 2010 estableció un período excepcional de seis años para las autoridades congresuales y municipales elegidas entonces, con el propósito de unificar nuevamente los procesos electorales a partir de 2016. Desde ese año, las elecciones presidenciales y congresuales nacionales se celebran simultáneamente. Esta decisión eliminó la oportunidad que tenían los ciudadanos de modificar la composición del Congreso a mitad del mandato presidencial.
No disponemos de elementos suficientes para afirmar que esa unificación fue concebida exclusivamente para proteger a los gobernantes del castigo electoral. Existieron argumentos relacionados con costos, organización institucional y calendario electoral. No obstante, desde una perspectiva estratégica, su consecuencia es evidente. Un presidente que obtiene mayoría congresual al comienzo de su mandato no enfrenta dos años después una renovación legislativa ordinaria capaz de alterar ese equilibrio.
En Estados Unidos y Argentina, el ciudadano dispone de esa oportunidad de control electoral intermedio. En República Dominicana, la fiscalización del gobierno durante ese período depende fundamentalmente de los mecanismos institucionales, parlamentarios, jurisdiccionales y sociales existentes. La simultaneidad electoral tampoco garantiza automáticamente mayor estabilidad democrática. De hecho, puede reforzar la concentración partidaria del poder y reducir la frecuencia con que los ciudadanos pueden modificar su representación legislativa.
La obligación de gobernar más allá del próximo proceso electoral
El gran problema de nuestra cultura política no es que los gobernantes quieran conservar el poder. Esa aspiración forma parte de la competencia democrática y resulta comprensible mientras se ejerza dentro de los límites constitucionales. La dificultad aparece cuando la preocupación por conservar popularidad impide adoptar decisiones de interés colectivo, aun después de reconocer que ciertos problemas exigen soluciones estructurales.
La historia demuestra, además, que las medidas populares no siempre terminan bien y que las impopulares tampoco garantizan resultados positivos. El rescate bancario dominicano de 2003 tuvo consecuencias macroeconómicas extraordinarias. Las reformas económicas argentinas produjeron avances de estabilización acompañados de costos sociales. Las elecciones estadounidenses muestran que el desgaste legislativo puede ocurrir incluso en administraciones que posteriormente consiguen la reelección presidencial.
No existe una relación matemática que permita afirmar que retirar subsidios producirá necesariamente una caída exponencial de la popularidad. Para sostener esa conclusión necesitaríamos mediciones consistentes que demostraran una dinámica de crecimiento o disminución proporcional a lo largo del tiempo. Lo que sí resulta razonable es anticipar que eliminar abruptamente subsidios generalizados, sin compensaciones ni explicaciones suficientes, puede provocar un rechazo considerable, especialmente entre ciudadanos que dependen directamente de ellos.
En ese sentido, República Dominicana necesita abandonar la falsa disyuntiva entre mantener todos los subsidios o eliminarlos indiscriminadamente. La alternativa requiere focalizar los beneficios en quienes verdaderamente los necesitan, identificar las transferencias regresivas, fiscalizar la intermediación empresarial, combatir el fraude, proteger los servicios esenciales y establecer programas graduales de transición que permitan a la población adaptarse.
También exige una política tributaria coherente, con mayores niveles de cumplimiento, transparencia presupuestaria, revisión de exenciones injustificificadas y evaluaciones independientes sobre el impacto de cada medida. Los recursos ahorrados mediante una mejor focalización deben traducirse en resultados visibles y verificables para la ciudadanía. De lo contrario, cualquier reforma será percibida simplemente como la eliminación de un beneficio, sin garantías de que el sacrificio contribuya al bienestar colectivo.
La legitimidad de las reformas no puede depender únicamente de los técnicos que las diseñan ni de las mayorías legislativas que las aprueban. También exige explicar sus efectos, escuchar a los sectores afectados y distribuir sus costos de manera proporcional a la capacidad económica de cada grupo social.
Una última pregunta que no admite respuestas partidarias
Después de observar las elecciones estadounidenses, la experiencia argentina, el rescate bancario de Baninter, las reformas fiscales retiradas por Abinader y el crecimiento de la abstención dominicana, resulta inevitable regresar al fundamento del contrato social.
Los ciudadanos queremos mejores hospitales, escuelas, carreteras, drenajes, seguridad, transporte, energía eléctrica y servicios públicos. Exigimos salarios suficientes, estabilidad económica, protección social y oportunidades para nuestros hijos. También reclamamos impuestos bajos, combustibles asequibles y subsidios que amortigüen los costos de la vida. Sin embargo, todas esas aspiraciones deben convivir con una realidad económica elemental. Los recursos públicos son limitados y las obligaciones del Estado no desaparecen por voluntad política.
La responsabilidad de los gobernantes consiste en administrar esas limitaciones con justicia, eficiencia y perspectiva de futuro. La nuestra, como ciudadanos, consiste en comprender que ningún proyecto nacional sostenible puede construirse exigiendo únicamente beneficios y rechazando sistemáticamente cualquier obligación.
El sacrificio colectivo, desde luego, no puede convertirse en una excusa para preservar privilegios, tolerar corrupción o trasladar a los pobres las consecuencias de decisiones que favorecen a los más poderosos. Antes de pedir sacrificios a la población, el Estado debe demostrar que administra correctamente los recursos que ya recibe.
Un gobierno no debe confundir la popularidad con la responsabilidad, pero tampoco puede utilizar la responsabilidad fiscal como justificación para desentenderse de la dignidad humana. El verdadero liderazgo político consiste en encontrar el equilibrio entre esas obligaciones, aunque su cumplimiento no produzca beneficios electorales inmediatos. La historia termina castigando tanto la irresponsabilidad económica como la indiferencia social, aunque no siempre lo haga en las mismas elecciones ni contra los mismos gobernantes.
Por eso, esta reflexión no está dirigida contra un partido, un presidente o una corriente ideológica. Está dirigida a todos nosotros, gobernantes y gobernados, que participamos de una democracia cuyas exigencias económicas y sociales no siempre estamos dispuestos a asumir con la misma convicción.
Sin demagogia, sin colores partidarios y sin pretender que el sacrificio siempre deba hacerlo otro, debemos formularnos una pregunta que definirá buena parte del futuro dominicano.
¿Qué país queremos construir y qué estamos realmente dispuestos a sacrificar, de manera justa y proporcional, para garantizar su bienestar, su estabilidad y su futuro?
El autor es Piloto, Abogado, Comunicador y Magister en Defensa y Seguridad Nacional.
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