El Gobierno contrata 130 personas por día… ¿y quién contrata al que paga la nómina?
21 Julio 2026 Affe Gutierrez 134
Mientras la nómina pública crece a ritmo acelerado, la gran pregunta sigue siendo si el ciudadano recibe mejores servicios por cada peso que sostiene al Estado.
Por Affe Gutiérrez
Santo Domingo. - Hay cifras que deberían provocar aplausos y otras que, por su dimensión, deberían provocar preguntas. Que la nómina pública dominicana haya alcanzado los 780,060 empleados en mayo de 2026 pertenece, sin duda, a la segunda categoría.
Según un análisis publicado por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), basado en estadísticas de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), entre mayo de 2025 y mayo de 2026 el sector público pasó de 744,271 a 780,060 empleados. Son 35,789 trabajadores adicionales en apenas doce meses, un crecimiento de 4.8 %. Traducido al lenguaje cotidiano: el Estado dominicano habría incorporado, en promedio, alrededor de 130 empleados públicos cada día. Si, leyó bien, ciento treinta cada día.
Mientras usted desayunaba, trabajaba, pagaba impuestos, hacía una fila, intentaba conseguir una cita, esperaba una respuesta de alguna institución o renegaba frente a un trámite burocrático, estadísticamente el Estado incorporaba nuevas personas a su estructura. Ahora bien, contratar empleados públicos no constituye, por sí mismo, un pecado administrativo.
Un país que crece necesita maestros, médicos, enfermeras, policías, militares, técnicos, ingenieros, inspectores, fiscales, servidores judiciales y profesionales capaces de atender las nuevas demandas de una sociedad cada vez más compleja.
El problema no es contratar. El problema comienza cuando el Estado crece en cantidad y el ciudadano no puede identificar con la misma facilidad dónde creció la calidad.
El tamaño no es el problema; el resultado sí
Sería intelectualmente deshonesto afirmar que los 780 mil empleados públicos son innecesarios. Nadie que pretenda analizar seriamente la administración pública puede reducir el debate a la caricatura de que todo empleado estatal es una botella o que toda contratación responde al clientelismo político. No es así.
En las instituciones públicas existen miles de hombres y mujeres que trabajan, cumplen horarios, resuelven problemas y sostienen servicios esenciales del país. Muchos de ellos, incluso, lo hacen con salarios inferiores a los que recibirían por funciones similares en el sector privado. El cuestionamiento es otro.
Si entre mayo de 2017 y mayo de 2026 la cantidad de empleados públicos pasó de 576,324 a 780,060, significa que en ese período se incorporaron más de 203 mil personas a la estructura estatal. El crecimiento acumulado ronda el 35 %.
La pregunta legítima es:
¿Creció en esa misma proporción la eficiencia del Estado dominicano?
¿Los trámites son 35 % más rápidos?
¿Las instituciones responden 35 % mejor?
¿La calidad de los servicios públicos aumentó proporcionalmente?
¿El ciudadano necesita menos intermediarios para resolver un problema?
¿Se redujo la duplicidad de funciones?
¿Disminuyó la burocracia?
¿Tenemos indicadores capaces de demostrar que el incremento de la nómina produjo un aumento equivalente en productividad institucional?
Ese es el debate que deberíamos estar teniendo. No se trata de determinar cuántas personas trabajan para el Estado. Se trata de saber qué recibe la sociedad a cambio del Estado que paga.
La prueba también debe llegar a la administración pública
Existe una costumbre muy dominicana de confundir presupuesto con resultados. Se anuncia cuánto se gastará, cuánto se invertirá, cuántas personas fueron contratadas y cuántos programas fueron creados. Pero con mucha menos frecuencia se explica qué cambió concretamente después de gastar, contratar y crear.
La administración pública necesita comenzar a hablar menos de insumos y más de resultados. Contratar 35 mil personas no constituye necesariamente una buena noticia ni una mala noticia.
Depende. Si esas contrataciones fueron necesarias para ampliar servicios esenciales, fortalecer hospitales, incorporar maestros donde faltaban, aumentar la seguridad ciudadana, mejorar la capacidad tecnológica del Estado o cubrir déficits institucionales demostrables, entonces existe una justificación que debe ser presentada.
Pero si no podemos identificar claramente dónde fueron colocadas esas personas, qué necesidades resolvieron, qué resultados produjeron y cuáles indicadores mejoraron gracias a su incorporación, entonces la sociedad tiene derecho a sospechar que el crecimiento del Estado podría estar respondiendo a razones distintas de la eficiencia.
Aquí también existe una diferencia fundamental entre afirmar y probar. El Gobierno puede decir que necesitaba más empleados. La oposición puede decir que todos son clientela política. Ninguna de las dos afirmaciones debería bastarnos.
La diferencia es la prueba.
Que se publique dónde aumentó la nómina. Que se explique por qué aumentó. Que se identifiquen las instituciones. Que se comparen las contrataciones con las necesidades reales. Que se mida el desempeño. Que se demuestre el resultado.
Entonces podremos discutir seriamente.
La nómina: ese animal político que nunca hace dieta
Existe, además, una realidad incómoda que trasciende al gobierno actual. La nómina pública dominicana parece pertenecer a una extraña especie de animal político que todos prometen poner a dieta cuando están en la oposición y al que todos terminan alimentando cuando llegan al poder.
Cambian los partidos. Cambian los ministros. Cambian los discursos. La nómina permanece. O, mejor dicho: crece.
La oposición denuncia el gigantismo estatal hasta el día en que gana las elecciones. Entonces descubre que existen compañeros que trabajaron por el partido, dirigentes que recorrieron barrios, profesionales que apoyaron el proyecto y estructuras políticas que esperan algún tipo de reconocimiento.
De repente, aquello que ayer era clientelismo comienza a llamarse gobernabilidad. Lo que ayer era una botella mañana puede convertirse en un enlace. Lo que ayer era burocracia mañana puede convertirse en una dirección.
Y aquello que parecía innecesario cuando estaba ocupado por un adversario adquiere una extraordinaria importancia administrativa cuando llega el turno de colocar a uno de los nuestros.
Así hemos construido durante décadas una administración pública donde cada gobierno hereda la estructura del anterior y, en lugar de sustituirla mediante una verdadera reorganización institucional, muchas veces termina agregándole nuevas capas. Secretarías. Direcciones. Subdirecciones. Asesores. Enlaces. Coordinadores. Encargados. Asistentes de los encargados. Y probablemente algún coordinador encargado de enlazar a los asistentes con los asesores. Puede resultar gracioso hasta que recordamos quién paga.
El ciudadano que sostiene la fiesta
El empleado público recibe un salario del Estado. Pero el Estado no produce dinero por generación espontánea.
Cada peso que administra proviene fundamentalmente de la actividad económica que desarrollan ciudadanos y empresas, de los impuestos que pagan y, cuando los ingresos no alcanzan, del endeudamiento que también terminará siendo asumido por la sociedad.
Por eso el crecimiento de la nómina pública nunca debería analizarse únicamente como una estadística laboral.
Cada contratación representa una obligación permanente que no termina en el salario mensual. Existen aportes a la seguridad social y otros compromisos laborales y futuros vinculados al sostenimiento de esa relación de empleo. El propio análisis del CREES llama la atención sobre esta dimensión del crecimiento sostenido de la nómina.
Mientras tanto, el ciudadano enfrenta sus propias presiones económicas.
El Banco Central informó que la inflación interanual se situó en 5.67 % en junio de 2026, por encima del límite superior del rango meta de 4 % ± 1 %, mientras la inflación mensual fue de 0.51 %. Es decir, el ciudadano que financia al Estado también enfrenta el aumento de su propio costo de vida. Ese ciudadano tiene derecho a preguntar:
¿El Estado está creciendo para servirme mejor o simplemente necesita que yo produzca más para sostenerlo?
Esa pregunta no es ideológica. Es matemática. Y también es democrática.
¿Quién evalúa a los que contrata el Estado?
La República Dominicana no carece de normas sobre profesionalización. La Ley núm. 41-08 de Función Pública contempla principios vinculados al mérito para el ingreso y ascenso en la carrera administrativa, mientras el régimen de evaluación del desempeño procura medir la calidad del trabajo y vincula la administración de los recursos humanos con criterios de eficiencia, profesionalización, gestión por resultados y rendición de cuentas.
Entonces habría que comenzar por aplicar plenamente la filosofía que ya existe en nuestras propias normas. Una administración moderna no debería sentirse orgullosa simplemente porque tiene muchos empleados. Debería sentirse orgullosa porque puede demostrar que los necesita. El Estado debería ser capaz de presentar periódicamente una verdadera radiografía de su estructura humana:
Cuántas personas fueron contratadas. En cuáles instituciones. Para cuáles funciones. Cuántas posiciones corresponden a carrera administrativa. Cuántas fueron ocupadas mediante concurso. Cuántas son temporales. Cuántas responden a programas específicos. Cuántas posiciones quedaron vacantes por jubilaciones o desvinculaciones. Y, sobre todo, qué resultados concretos justifican el aumento. No para perseguir al servidor público. Precisamente para protegerlo.
Porque una administración basada en mérito y resultados dignifica al buen empleado público, mientras el clientelismo termina colocando bajo sospecha incluso a quienes sí trabajan.
Un Estado grande no necesariamente es un Estado fuerte
Aquí existe otra confusión. Tener más instituciones no significa tener mejores instituciones. Tener más empleados no significa tener mayor capacidad. Tener más presupuesto no garantiza mejores resultados. Un Estado fuerte no es necesariamente aquel que ocupa más espacio. Es aquel que funciona. El que responde. El que planifica. El que fiscaliza. El que resuelve. El que protege. El que permite que un ciudadano complete un trámite sin necesitar conocer a alguien dentro. El que puede explicar en qué utiliza cada peso. El que evalúa a sus empleados. El que premia al competente. El que sustituye al ineficiente. El que elimina estructuras innecesarias.
Y el que tiene la valentía política de reconocer que una dependencia que perdió su razón de existir no necesita una nueva partida presupuestaria, sino un certificado de defunción administrativa.
La discusión, por tanto, no debería centrarse exclusivamente en reducir o aumentar la nómina pública. Deberíamos comenzar por algo mucho más elemental: auditar su necesidad. Cada plaza pública debería responder a una función necesaria. Cada función debería estar vinculada a un objetivo. Cada objetivo debería tener un indicador. Y cada indicador debería permitirle al ciudadano saber qué obtuvo a cambio del dinero que aportó.
¿Y quién contrata al que paga la nómina?
Existe finalmente una ironía que resume todo este debate. El Estado dominicano habría incorporado un promedio de 130 empleados públicos diarios durante el último año analizado. Pero nadie garantiza que el pequeño comerciante que abre su negocio mañana tendrá un cliente. Nadie garantiza que el joven que termina la universidad encontrará empleo. Nadie garantiza que el emprendedor podrá sobrevivir. Nadie garantiza que la empresa que paga impuestos podrá contratar otro trabajador. Ellos compiten. Producen. Arriesgan. Pagan.
Y de esa actividad económica sale buena parte del dinero que después sostiene la maquinaria pública. Por eso, antes de celebrar que tenemos 780 mil empleados públicos o escandalizarnos automáticamente por la cifra, deberíamos exigir una explicación mucho más sencilla:
¿Para qué los tenemos?
Si el Estado puede demostrar que ese crecimiento produjo mejores servicios, mayor eficiencia y una administración más capaz, bienvenida sea cada contratación necesaria.
Pero si después de incorporar decenas de miles de empleados el ciudadano sigue encontrándose frente a las mismas filas, los mismos retrasos, las mismas duplicidades y la misma burocracia, entonces tendremos que admitir que algo no está funcionando.
El verdadero problema no sería tener 780 mil empleados públicos. El verdadero problema sería tenerlos y no poder demostrar por qué hacen falta. Un país serio no mide la eficiencia de su Estado contando cuántas personas entran por la puerta de una institución. La mide por los problemas que salen resueltos de ella.
Y mientras el Gobierno encuentra espacio para incorporar, estadísticamente, alrededor de 130 empleados públicos cada día, queda pendiente responder una pregunta para los millones de dominicanos que trabajan fuera de la seguridad de una nómina estatal:
¿Quién contrata al que paga la nómina?
El autor es Piloto, Abogado, Comunicador y Magister en Defensa y Seguridad Nacional.
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
