EL ESTADO DETRÁS DEL MOSTRADOR

21 Noviembre 2026   Affe Gutierrez   9

EL ESTADO DETRÁS DEL MOSTRADOR

El Decreto 818-26 y la delgada línea entre combatir el comercio ilícito y convertir la fiscalización en un instrumento de poder

Por Affe Gutiérrez Gil

Santo Domingo. - En la República Dominicana hemos desarrollado una extraordinaria habilidad para convivir con las irregularidades hasta que estas adquieren dimensiones imposibles de disimular. Durante años, el contrabando, la evasión fiscal, la informalidad laboral, las mercancías sin registros sanitarios y las prácticas comerciales desleales han encontrado espacios para desarrollarse frente a instituciones que, aun teniendo competencias legales para intervenir, no siempre han demostrado la coordinación ni la voluntad necesarias para hacerlo. Ahora, el lunes pasado, mediante el Decreto núm. 818-26, el presidente Luis Abinader dispone la creación de una Fuerza de Tarea Interinstitucional para la Integridad Comercial y el Combate al Comercio Ilícito. La iniciativa merece atención, no solamente por lo que pretende combatir, sino por el alcance que podría adquirir la coordinación del poder fiscalizador del Estado sobre la actividad económica nacional.

La intención, en principio, es legítima y necesaria. Ningún Estado responsable puede permitir que un empresario cumpla con sus obligaciones tributarias, pague seguridad social, respete las normas laborales, obtenga permisos sanitarios y soporte los costos de la formalidad, mientras otro comercializa productos al margen de esas exigencias y termina compitiendo con ventajas obtenidas mediante el incumplimiento de la ley. Eso no es libre competencia, es competencia desleal. Tampoco puede hablarse de libertad de empresa cuando las reglas solamente resultan obligatorias para quienes deciden respetarlas. Sin embargo, la legitimidad de una finalidad no convierte automáticamente en legítimos todos los procedimientos utilizados para alcanzarla. Precisamente ahí comienza el verdadero debate.

El decreto incorpora a ministerios y organismos responsables de las áreas tributaria, aduanera, laboral, migratoria, sanitaria, comercial y financiera, con una estructura que dependerá funcionalmente del presidente de la República, estará coordinada por el Ministerio de la Presidencia y tendrá respaldo financiero del Ministerio de Hacienda y Economía. Su director ejecutivo será designado por el propio mandatario. Se trata de una concentración de esfuerzos institucionales que puede corregir una debilidad histórica del aparato administrativo dominicano, la fragmentación de las fiscalizaciones y la ausencia de un intercambio oportuno de información. Resulta difícil cuestionar la utilidad de que instituciones llamadas a proteger el mismo ordenamiento jurídico finalmente trabajen coordinadas. Lo cuestionable sería que esa coordinación terminara convirtiéndose en una estructura donde el poder se acumule, pero las responsabilidades se diluyan.

Hay, además, una circunstancia que no puede ignorarse. La decisión presidencial aparece en un escenario de intensificación de las inspecciones a establecimientos comerciales de capital chino, algunos de los cuales han sido objeto de clausuras por incumplimientos que las autoridades atribuyen a irregularidades sanitarias, comerciales y administrativas. El problema merece ser abordado sin nacionalismos oportunistas ni prejuicios económicos. La República Dominicana tiene el derecho soberano de exigir que cualquier persona, dominicana o extranjera, cumpla sus leyes. Lo que no puede hacer es convertir el origen del capital, la nacionalidad del propietario o la procedencia de las mercancías en una presunción de ilegalidad. El comercio ilícito no tiene nacionalidad, pero la aplicación selectiva de la ley sí puede tener consecuencias discriminatorias.

En ese sentido, resulta significativo que el párrafo I del artículo 5 del decreto establezca que la selección de los sujetos fiscalizados deberá realizarse mediante criterios técnicos y objetivos, sin discriminación por nacionalidad u origen del capital. Es una previsión jurídicamente correcta, aunque su verdadero valor dependerá de la aplicación práctica. Si se fiscaliza a un establecimiento por incumplimientos tributarios, sanitarios o laborales, la medida debe responder a hechos comprobables y no a la procedencia de sus propietarios. De igual manera, si un comercio de capital dominicano incurre en idénticas infracciones, deberá recibir el mismo tratamiento. La igualdad ante la ley no admite excepciones patrióticas ni privilegios empresariales.

La Constitución dominicana reconoce en su artículo 50 la libertad de empresa, comercio e industria, pero también atribuye al Estado la responsabilidad de favorecer la competencia libre y leal. Ambas disposiciones forman parte de un mismo equilibrio constitucional. La libertad económica no equivale al derecho de actuar impunemente, como tampoco la facultad reguladora del Estado representa una autorización ilimitada para intervenir en las actividades privadas. A ello se suman los artículos 69 y 138, relativos al debido proceso y a los principios que deben orientar la actuación administrativa, así como las garantías desarrolladas por la Ley núm. 107-13. Desde esa perspectiva, no basta con que una fiscalización persiga un objetivo legalmente permitido. También debe realizarse mediante procedimientos competentes, motivados, proporcionales y respetuosos de los derechos del administrado.

Cabe destacar que el Decreto 818-26 no crea expresamente nuevas potestades sancionadoras ni autoriza por sí solo confiscaciones, clausuras o intervenciones indiscriminadas. Su función es coordinar competencias que las instituciones participantes ya poseen conforme a sus respectivas leyes. Esta precisión es fundamental, pues el peligro jurídico no necesariamente se encuentra en la letra del decreto, sino en una eventual interpretación administrativa que pretenda utilizarlo como fuente de facultades inexistentes. Ninguna comisión interinstitucional, por amplia que sea su composición, puede sustituir la reserva de ley, modificar las garantías del procedimiento administrativo ni conferir a sus funcionarios poderes que el ordenamiento jurídico no les atribuye.

Otro punto particularmente delicado aparece en el artículo 5, que ordena diseñar mecanismos basados en perfiles de riesgo, patrones de importación, facturación, empleo, permisos operacionales y trazabilidad de las operaciones. Técnicamente, esta metodología puede resultar eficiente para identificar posibles incumplimientos. Pero debemos preguntarnos quién elaborará esos perfiles, con cuáles parámetros, bajo qué controles y mediante qué procedimientos podrá un comerciante cuestionar una evaluación equivocada. Una diferencia estadística, un patrón comercial inusual o una operación considerada de alto riesgo pueden justificar una verificación, pero no constituyen por sí mismos pruebas concluyentes de una infracción. El riesgo puede orientar una investigación, jamás reemplazar la prueba que corresponde aportar a la autoridad competente.

Tampoco puede pasar inadvertida la previsión relativa al intercambio de información entre instituciones. Las herramientas tecnológicas permiten cruzar registros tributarios, aduaneros, laborales y comerciales con una eficiencia desconocida décadas atrás. No obstante, esa capacidad exige mayores controles sobre la confidencialidad, la seguridad de los datos y la finalidad para la cual se utilizan. El propio artículo 7 dispone que dicho intercambio debe producirse exclusivamente en los supuestos autorizados por la ley y entre autoridades habilitadas para recibir la información. Esa protección debe ser efectiva, especialmente frente a los deberes de reserva tributaria, la confidencialidad financiera y las garantías previstas en la legislación sobre protección de datos personales. La tecnología es un instrumento formidable para descubrir irregularidades, pero también puede multiplicar las consecuencias de los errores y de los abusos administrativos.

Existe otra contradicción que merece atención. El Estado dominicano pretende elevar los niveles de cumplimiento comercial mientras conserva procedimientos burocráticos que, en determinadas actividades, convierten la formalización en una carrera de obstáculos. Se exige cumplir a tiempo con impuestos, registros, licencias, certificaciones y obligaciones laborales, pero las instituciones no siempre responden con la misma diligencia a quienes necesitan sus autorizaciones para operar legalmente. Sería profundamente injusto diseñar una fiscalización cada vez más sofisticada sin acompañarla de mecanismos que simplifiquen los trámites, reduzcan duplicidades y aseguren respuestas administrativas oportunas. El deber de cumplir la ley no corresponde exclusivamente al ciudadano. También obliga a la administración que pretende exigirla.

El comerciante pequeño merece una consideración particular. Detrás de muchos establecimientos existe una familia que comprometió sus ahorros, asumió préstamos, contrató trabajadores y depende de las ventas diarias para sobrevivir. Una clausura injustificada o desproporcionada puede provocar consecuencias económicas que ninguna posterior rectificación administrativa consigue reparar completamente. Esto no significa tolerar productos peligrosos, evasión comprobada ni violaciones graves a las normas sanitarias. Significa reconocer que el derecho administrativo sancionador debe distinguir entre infracciones subsanables, riesgos inmediatos y conductas deliberadamente fraudulentas. La prevención, la corrección y la sanción deben responder a la gravedad de cada situación y a las facultades previstas en la ley. La autoridad que no distingue termina confundiendo firmeza con arbitrariedad.

También llama la atención la naturaleza temporal de la nueva fuerza de tarea. El artículo 9 dispone que se extinguirá automáticamente una vez cumplida la misión para la cual fue creada, pero no establece una fecha específica de terminación ni indicadores concretos que permitan determinar cuándo esa misión habrá concluido. A su vez, el artículo 8 ordena presentar informes trimestrales al presidente de la República. La disposición puede justificarse por la dependencia funcional del organismo, pero resulta pertinente preguntarse si esos resultados también deberían divulgarse públicamente, respetando las informaciones legalmente reservadas. Una estructura financiada con recursos públicos, concebida para intervenir en un sector tan sensible como la actividad comercial, debería permitir evaluar sus resultados, costos y efectos sobre la seguridad jurídica.

Y aquí surge una reflexión más incómoda. ¿Serán las fiscalizaciones igualmente rigurosas frente a los pequeños comercios y a las grandes empresas? ¿Recibirán idéntico tratamiento las irregularidades cometidas por capitales extranjeros y por empresarios dominicanos con influencia económica o política? ¿Se utilizarán los mismos criterios frente a establecimientos familiares, cadenas comerciales, importadores y grupos empresariales? No se trata de presumir que exista una persecución selectiva, sino de exigir desde ahora mecanismos capaces de impedirla. Un Estado que demuestra autoridad frente al débil, pero vacila frente al poderoso, no está defendiendo el orden jurídico. Está administrando desigualdades.

El Gobierno tiene ante sí una oportunidad importante. Puede convertir este decreto en un instrumento moderno para fortalecer la legalidad, proteger al consumidor, corregir distorsiones económicas y combatir prácticas que perjudican al empresario formal. Para lograrlo, el Plan Nacional que deberá elaborarse dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia del decreto tendría que incorporar protocolos públicos de fiscalización, criterios objetivos de selección, salvaguardas para la información, procedimientos de impugnación, indicadores verificables de resultados y una evaluación transparente del comportamiento de las instituciones participantes. La coordinación debe facilitar el cumplimiento, no convertirse en una nueva fuente de incertidumbre para quien produce, invierte y genera empleos.

La experiencia institucional dominicana debería habernos enseñado que no se construye un Estado fuerte multiplicando organismos, sino haciendo que los existentes cumplan sus obligaciones dentro de los límites constitucionales. Tampoco se combate la informalidad únicamente con inspectores y sanciones, mientras se mantienen estructuras burocráticas que dificultan la entrada a la economía formal. El verdadero éxito de esta iniciativa no debería expresarse exclusivamente en cantidades de establecimientos intervenidos, multas impuestas o mercancías retenidas, sino también en el aumento sostenible del cumplimiento voluntario, la reducción de la competencia desleal y el fortalecimiento de la confianza entre ciudadanos, comerciantes y autoridades.

La República Dominicana necesita un Estado suficientemente fuerte para enfrentar el contrabando, la evasión y el comercio ilícito, pero suficientemente limitado por el derecho para no convertirse él mismo en una amenaza contra la libertad económica. La autoridad pública no gana legitimidad por la cantidad de puertas que puede cerrar, sino por la justicia, necesidad y legalidad de las decisiones que adopta.

El Decreto 818-26 podría representar un avance institucional, siempre que la coordinación se traduzca en eficacia y no en arbitrariedad. Lo preocupante no sería encontrar al Estado detrás del mostrador verificando que se cumpla la ley. Lo verdaderamente peligroso sería descubrir que, en nombre de combatir la ilegalidad, termina decidiendo discrecionalmente quién puede permanecer detrás de él.

En definitiva, el comercio ilícito debe perseguirse sin contemplaciones, pero la legalidad no puede defenderse cometiendo nuevas ilegalidades. Un Gobierno que exige respeto a la ley debe comenzar por demostrar que también sabe respetar los límites de su propio poder.

El autor es Piloto, Abogado, Comunicador y Magister en Defensa y Seguridad Nacional.

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