Dos presuntos miembros de la red de narcotráfico y lavado de activos de Cesar el Abusador serán presentados este viernes ante las autoridades judiciales, luego de haber sido apresados por introducir al sistema financiero nacional más de 260 millones de dólares de actividades ilícitas en los últimos tres años.
Lá pandemia del COVID-19 ha marcado un antes y después en todas las estructuras de organización social, es el caso de poder judicial que ha usado la tecnología para seguir dando respuesta eficaz y transparente a ciudadanía.
Yeyson Arias Fernández se convirtió este miércoles en el primer condenado por compra de votos tras una sentencia dictada por el Tribunal Superior Electoral (TSE).
El Consejo del Poder Judicial (CPJ) confirmó que retomará las audiencias presenciales este miércoles 29 de julio, pero aclaró que solo se habilitarán 116 salas de audiencias en 42 sedes judiciales distribuidas en todo el país.
Agentes de la Policía Nacional reapresaron a un recluso que se había escapado del hospital Regional Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King, de La Vega, donde recibía atenciones médicas.
En la Fiscalía de La Vega operaba una banda que se dedicaba a robar armas de fuego y vehículos chatarras que forman parte de evidencias de procesos judiciales.
Kelvin Fernández Flacquer (Cotto) aceptó esta tarde irse voluntariamente en extradición para responder por ante un tribunal del Distrito Sur de La Florida, por acusación de narcotráfico tras su vínculo con la red de César Emilio Peralta “César el Abusador”.
Ante el estado de emergencia por el coronavirus, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ajustó nuevamente su horario laboral, amén de continuar celebrando sus audiencias virtuales.
Los jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia rechazaron la solicitud del dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Yamil Abreu Navarro, quien solicitó que su audiencia de extradición a los Estados Unidos sea conocida de forma presencial.
La jueza de la Oficina de Atención Permanente de la Jurisdicción de Santiago impuso un año de prisión contra los acusados en el robo de 37 millones de pesos de la Junta Central de Santiago.
Al menos 44 fallecidos desde el relevo policial, 53,877 órdenes de arresto pendientes y una sociedad que comienza a celebrar la muerte plantean una pregunta mucho más grave que quién disparó primero: ¿estamos combatiendo la delincuencia o administrando las consecuencias de décadas de fracaso preventivo?
El debate en el foro de la ONU dejó al descubierto las fracturas geopolíticas de un orden global multipolar e inestable.
Detrás de cada trabajador existe una familia que espera que regrese a casa, compañeros que compartieron con él horas antes y una organización que, de repente, debe enfrentarse a una situación irreversible.
