El poder judicial en tiempos de Coronavirus
Lá pandemia del COVID-19 ha marcado un antes y después en todas las estructuras de organización social, es el caso de poder judicial que ha usado la tecnología para seguir dando respuesta eficaz y transparente a ciudadanía.
La misma constitución de la República establece en su Artículo 8.- como función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.
Tomando en cuenta esto, es estado el garante y deudor de la protección efectiva de los derechos de las personas en un ambiente de justicia y equidad, pero compatible con el orden público y el bienestar general.
La OMS advierte que pandemia del COVID-19 es una emergencia sanitaria y social mundial que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas.
Las instancias judiciales dominicanas se encuentran en entornos cerrados y acondicionados, los cuales no garantizan el cumplimiento de las normas de distanciamiento social.
Aura Lopez "Quiero pedir también a los poderes públicos que defiendan la sanidad de todos. Que recuerden que no hay mejor homenaje a quienes nos dejaron, que velar por nuestra salud y garantizar la dignidad de nuestras profesiones”.
En estas circunstancias es una responsabilidad de las autoridades judiciales de nuestro país, tomar todas las medidas necesarias para cuidar a todos los actores del sistema jurídico dominicano.
Teniendo estos factores en cuenta el poder juicioso cerró de forma temporal todas las cedes judiciales atendiendo al llamado de la OMS de evitar la aglomeración de personas.
Sin embargo esto no impidió que el poder judicial dominicano dejara de funcionar. De inmediato se buscaron los mecanismos necesarios para dar respuesta a la población.
Es entonces cuando el tercer poder del estado pone en marcha el uso de la tecnología como un recurso efectivo y eficaz al servicio de la humanidad; en este caso, de la administración de justicia y de la tutela de los derechos de las personas.
Con esto los jueces y juezas dominicanos continuaron trabajando con la implementación de mecanismos que viabilicen el acceso a la justicia; sin que con ello se comprometa el preciado derecho a la salud de los que demandan y prestan el servicio.
Se puso a disposición de los usuarios una plataforma en la cual se pueden hacer solicitudes y depósitos de documentos manteniendo él así distanciamiento social.
En las sedes judiciales se han habilitado espacios donde los abogados y público en general pueden acudir y recibir asistencia técnica para encaminar sus solicitudes; el mismo con un sistema de programación de citas, mediante el cual todo el que desee acudir a la sede judicial puede hacerlo en un horario definido y programado con exclusividad.
Con tales disposiciones el Consejo del Poder Judicial ratifica el compromiso de garantizar la vida y la salud de los servidores judiciales, usuarios y del pueblo en general, promoviendo de forma consciente y responsable el acceso a la justicia en condiciones de salubridad, sobre todo de los privados de libertad, víctimas y abogados.
Desde inicio de la pandemia del COVID-19 se han realizado un total de 12,153 audiencias entre las cuales 211 han sido de forma virtual y las otras de forma presencial utilizando recursos tecnológicos llevados a los centros penitenciarios y cedes judiciales en las se pueda garantizar el distanciamiento social.
También se programaron 17,176 citas presenciales en 15 cedes judiciales del país, se depositaron 57,948 solicitudes y 101.000 archivos conjuntos, a través del portal suministrado por el poder judicial se registraron 10,275 mil usuarios y al menos 386,949 visitas.
El Departamento Judicial de La Vega, al igual que en el resto del país, en confinamiento y a consecuencia de la puesta en ejecución de las diferentes fases de retorno laboral, se han ofrecido servicio y asistencia judicial permanente para los asuntos urgentes.
Además, se ha dado respuesta administrativa y jurisdiccional a los expedientes que, al momento de la declaratoria de Estado de emergencia, se encontraban en condiciones de ser fallados.
Muestra incontestable es que del 20 de marzo al 20 de julio 2020 se realizaron un total 790 audiencias virtuales; se recibieron 6,960 solicitudes y depósitos virtuales de documentos; programamos, además se respondieron más de 165 citas para acudir y depositar documentos en nuestra sede judicial. A la fecha, se han digitalizado en este centro un total de 639 expedientes activos.
Los jueces y juezas han despachado aproximadamente 968 sentencias de fondo relativas a las diferentes materias.
Según el órgano judicial es lamentable que con el número de muertes registradas en el país se reclame audiencias presenciales, y con ello reunión de personas; y otras, que desde sus posiciones de dirigentes gremiales realicen llamados públicos a la desobediencia y al desorden institucional. Conducta que además de contravenir toda regla de la lógica y las recomendaciones científicas se erige como una flagrante violación a normas de carácter penal.
Los jueces y juezas del Departamento Judicial de La Vega ratificaron que como hasta ahora cumplirán el mandato constitucional de impartir justicia en nombre de la República y conforme a los Principios de Independencia e Imparcialidad y las directrices del Consejo del Poder Judicial.
Las autoridades judiciales expresaron su deber ciudadano y profesional respetar las indicaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales durante esta crisis.
