Exguerrilleros Colombianos renuentes a volver a las armas

Junto a un camino de tierra en las montañas colombianas, un nuevo pueblo creado por excombatientes rebeldes está cobrando vida: cultivan maíz, hacen ropa con estampados de estilo hawaiano e incluso venden su propia cerveza artesanal.

Abundan las muestras de su lucha por reintegrarse a la vida civil.

Tal vez lo más llamativo es que los postes de servicios públicos instalados por el gobierno hace muchos meses todavía no están conectados a la red eléctrica, lo que los deja totalmente a merced de un generador a gasolina. Los cables sin vida cuelgan por encima de sus casas con techo de hojalata, un duro recordatorio de que permanecen desconectados del mundo al que intentan unirse.

“Somos como nómadas. Aquí no tenemos nada”, dijo Rubén Darío Jaramillo, un exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que dirige una empresa que fabrica cerveza artesanal a la que él y un puñado de camaradas llamaron “La Roja”.

Son exguerrilleros como estos a los que un puñado de excomandantes del ejército rebelde más grande de Colombia están instando a retomar las armas, acusando al gobierno de no cumplir con su compromiso de implementar el acuerdo de paz de 2016, cuyo objetivo es poner fin a la confrontación armada de mayor duración en América Latina.

Por ahora, varios exrebeldes que viven en el campamento de desmovilización Antonio Nariño, a unas cuatro horas de la capital de Colombia, dicen que están comprometidos con el acuerdo de paz, pero al menos uno dijo que no podía prometer que nunca volvería al campo de batalla si las cosas empiezan a ponerse feas.

“No puedo decir sí ni no”, dijo Gonzalo Beltrán, de 43 años, quien lidera un grupo de excombatientes que fabrican camisas con estampados florales en colores brillantes y que se venden por el equivalente a 10 dólares cada una. “Uno no sabe… qué pueda suceder, porque si en este momento que estamos aquí llega una arremetida contra nosotros, pues habría que tomar alguna alternativa, porque de brazos cruzados no nos podemos quedar”, agregó.

El frágil proceso de paz de Colombia dio un giro precario el jueves, cuando Luciano Marín, que en su día fue uno de los principales defensores del acuerdo, anunció que él y un grupo de rebeldes de línea dura de las FARC se estaban rearmando para una “nueva fase” del conflicto.

En un video de 32 minutos publicado en YouTube, Marín denunció a las autoridades de Colombia por no haber implementado plenamente el acuerdo y acusó al presidente Iván Duque de quedarse de brazos cruzados mientras cientos de excombatientes y activistas de izquierda eran asesinados.

“Cuando firmamos el acuerdo de La Habana lo hicimos con la convicción de que era posible cambiar la vida de los humildes y los desposeídos”, dijo Marín, que usa el nombre rebelde “Iván Márquez”. “Pero el Estado no ha cumplido ni con la más importante de sus obligaciones, que es garantizar la vida de sus ciudadanos y particularmente evitar el asesinato por razones políticas”, agregó, vistiendo un uniforme verde oliva y rodeado por unos 20 insurgentes fuertemente armados y rostros serios.

Luego de su declaración inicial, los rebeldes publicaron el sábado una carta en la que pidieron a los exguerrilleros que ahora viven en 24 campamentos de desmovilización en todo el país que continúen la lucha desde dondequiera que estén y de la manera que su situación lo permita. El gobierno “no deja otra alternativa”, escribieron los insurgentes.

En el campamento, que lleva el nombre de un ideólogo independentista colombiano, los exguerrilleros dijeron que respetaban la posición adoptada por sus exlíderes, pero que ellos siguen comprometidos a continuar el proceso de paz por su cuenta.

“Son decisiones de cada uno”, dijo Viviana Nariño, de 40 años, quien se unió a la guerrilla de las FARC a la edad de 14 años y que ahora es jefa de una asociación de mujeres. “Cada uno responde por lo suyo”, añadió.

Pero ella cree que pocos, si es que hay alguno, atenderán el llamado, renuentes a volver a una vida de evadir bombas y balas.

El campamento se encuentra a una hora de distancia de la ciudad de Icononzo, donde muchas personas todavía tienen recuerdos traumáticos del conflicto de cinco décadas en el que participaron guerrilleros izquierdistas, paramilitares de derecha y el Estado.

Después de la firma del acuerdo en 2016, poco más de 300 rebeldes fueron transportados aquí, a la zona de desmovilización rural en una de las regiones cafeteras de Colombia, para que comenzaran una nueva vida como civiles.

La gente de Icononzo recibió a los rebeldes con vacilación. Muchos temían tener tan cerca a personas acusadas de secuestros y atentados terroristas, pero la realidad ha sido más bien una coexistencia tranquila.

En la actualidad, un supermercado frente a la plaza central del pueblo anuncia con orgullo que vende cerveza “La Roja”. Pocos pobladores saben quién de ellos fue un rebelde. Muchos nunca han estado en el campamento.

“Ya son trabajadores, igual que uno”, dijo Norma Yara, de 59 años, que fue desplazada por otro grupo armado ilegal hace años.

Ella recuerda vívidamente los días en que los ataques con bomba eran comunes en toda Colombia.

“Mucha gente murió sin tener nada que ver. Eso me asusta que vuelva a pasar”, afirmó.

El gobierno de Colombia dice que la mayoría de los casi 13.200 excombatientes de las FARC están firmemente en el camino hacia la reintegración. Dice que una encuesta reciente de más de 10,000 exrebeldes mostró que el 77% son optimistas acerca de su futuro.

Sólo una cuarta parte de los excombatientes permanecen en las zonas de desmovilización, pues muchos se han ido a reunirse con familiares o a buscar trabajo. Menos del 10% están desaparecidos, aunque los analistas dicen que eso no es necesariamente una indicación de que se hayan unido a los disidentes.

A pesar de sus críticas al acuerdo de paz, el gobierno de Duque ha incrementado constantemente el número de proyectos de desarrollo económico en los que participan exrebeldes. El gobierno apoya ahora unas 30 iniciativas en las que participan unas 2.000 personas.

Sin embargo, el gobierno ha sido lento en implementar las disposiciones del acuerdo de paz o no ha puesto en marcha algunas de ellas, particularmente las que prometen una mejor infraestructura y recursos para las comunidades rurales pobres y descuidadas desde hace mucho tiempo por el Estado.

“Lo más difícil ha sido… el incumplimiento del gobierno”, dijo Beltrán, de la empresa que confecciona camisas.

FUENTE DIARIO LIBRE